EE UU. Designa a 16 guatemaltecos por sus actos de corrupción entre ellos el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos dió a conocer un informe presentado al Congreso sobre extranjeros que «con sus acciones han menoscabado procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones de actos de corrupción en El Salvador, Honduras y Nicaragua».

El informe incluye a las personas que el Secretario ha determinado que han participado en la actividad relevante «basada en información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes».

El Departamento también continúa revisando activamente información fidedigna adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizar todas las autoridades pertinentes, según corresponda, para asegurar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos, manifestó en un comunicado el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado designo a 16 guatemaltecos entre ellos abogados, empresarios, Magistrados, Jueces que han incurriendo en actos de corrupción y por lo tanto han socavado la democracia de Guatemala, estos son:

El abogado Dennis Billy Herrera Arita, socavó la democracia en procesos o instituciones participando en el esquema del caso “Comisiones Paralelas 2020” al llenar la Corte Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.

El exrector de la Universidad de San Carlos (USAC) Estuardo Galvez Barrios, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la nominación judicial comisión en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” para apilar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

El actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y la denuncia aparentemente espuria demandas contra fiscales de la FECI, abogados particulares y ex Fiscales de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte empresas que operan en las estatales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), involucrados en una corrupción significativa al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagando sobornos para asegurar que sus empresas obtuvieran lucrativos contactos en los puertos.

Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Ramón “Moncho” Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energias de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios públicos y en un manera que dañó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la energía eficiencia.

Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavado los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del caso “Comisiones Paralelas 2020” para apilar la Corte Suprema y la Apelación Tribunales con jueces corruptos.

Sofía Janeth Hernández Herrera, actual diputada por la partido Unión del Cambio Nacional (UCN), menoscabó el proceso democrático o instituciones al abusar de sus poderes oficiales para que los miembros de UCN retengan indebidamente roles de liderazgo en los comités del Congreso y el uso de su asociación con drogas- organizaciones de traficantes para intimidar a sus opositores políticos. Ella también solicitó sobornos y amenazó con armar los propósitos legítimos de Guatemala en el Congreso para tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energias de Guatemala, involucrada en corrupción significativa mediante sobornos funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE.UU. y mejorar la eficiencia energética.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual Directora de la El Instituto de Víctimas socavó el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para apilar el Corte Suprema y Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Erick Gustavo Santiago de León, ex juez y presidente del Tribunal Regional Tribunal Civil de Apelación, involucrado en corrupción significativa y obstruyó investigaciones en actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de fallos judiciales favorables en casos ante él.

Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavado el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso “Comisiones Paralelas 2020” para apilar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavado el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso “Paralelo Comisiones 2020” para apilar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos a recibir contratos de construcción del gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, obstruyó investigaciones de actos de corrupción mediante la demora indebida de los procesos judiciales.

José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, participó en una corrupción significativa cuando solicitó, aceptó, y ofreció sobornos para mantener su posición oficial y recibir sobornos de los contratistas y facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción.

Las nuevas designaciones que fueron hechas públicas hoy es auténtica aunque aún no se ha hecho oficial por parte del gobierno de EE.UU. es un documento oficial, fuentes del Gobierno Biden confirmaron esta mañana al medio salvadoreño El Faro.