La Convergencia por los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la estrategia de destrucción del Estado de Derecho, la Democracia y la vigencia de Derechos Humanos en Guatemala, por medio de un comunicado.
Asimismo, señalaron que «la renuncia y posterior exilio de la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, así como la suspensión del también juez de alto impacto Pablo Xitumul, son un golpe severo a la lucha contra la impunidad y evidencian el desarrollo de una estrategia de terror y consolidación del fascismo en nuestro país».
Agregaron que, ambos hechos se suman a los juicios contra una mandataria de la Comisión Especial Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como a la renuncia y exilio de varios más.
«Se trata de la puesta en marcha de una estrategia de larga data, originada en un proceso que inició con el acuerdo entre militares retirados aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), que procuraban impunidad por graves violaciones a derechos humanos». A esto se sumó el apoyo de empresarios comprometidos en estos hechos, en la defraudación fiscal y el financiamiento ilícito para elecciones amañadas con partidos políticos vinculados al crimen organizado.
«El control absoluto del sistema democrático ha sido posible mediante el golpe jurídico perpetrado por la alianza de militares, políticos y empresarios, aglutinados en el #PactoDeCorruptos. Su propósito es aniquilar a toda costa, cualquier posibilidad de romper el estado de cosas de impunidad, corrupción e inequidad imperante en Guatemala», señalaron en el Comunicado.
Por lo que expresaron su solidaridad y agradecimiento a la Jueza Erika Aifán por sus 19 años de servicio a Guatemala y por su ejemplo como persona integra e independiente.
También su respeto y solidaridad al juez Pablo Xitumul, así como la exigencia para que en este caso se respete el debido proceso. «Evidenciamos nuestro repudio a las personas y funcionarios que han sido instrumento de la destrucción de nuestra democracia y el Estado de Derecho», puntualizaron.
