La Procuraduría General de la Nación (PGN), por medio de un comunicado, informó que revocó la instrucción presidencial realizada durante el mandato de Alejandro Giammattei, que ordena contratar un bufete de abogados para perseguir exiliados.
«La utilización del Estado para atender una petición que viola los derechos de libre expresión es una desviación total de los principios constitucionales y de derecho internacional», señaló la PGN.
Aseguró que la revocación de la instrucción girada en el gobierno anterior, es muestra que están conscientes de que no se puede coartar la libertad de expresión del pensamiento de cualquier ciudadano, resida o no en Guatemala, «ya que es un derecho de todos el cuestionar a cualquier funcionario, y que bajo
ninguna circunstancia puede pretenderse que el Estado funcione por impulso de intereses personales, ni persiga a ciudadanos por la libre emisión del pensamiento».
La PGN también resaltó que el Estado no puede, ni debe perseguir a quienes han emitido críticas dirigidas a individuales en el ejercicio de sus funciones
públicas.
«Las sanciones que las autoridades superiores del Ministerio Público aducen que fueron contra el Estado y que menoscaban la acción del Ministerio Público, en realidad fueron dirigidas contra personas específicas siguiendo criterios legales y politicos de otros Estados, que constituyen una decisión soberana de los gobiernos de otros paises», se lee en el referido comunicado.
Y recalcó que la utilización del Estado para atender una petición que viola los derechos de libre expresión del pensamiento «es una desviación total de los principios constitucionales y de derecho internacional que definen a Guatermala como un pais que los garantiza y promueve».
La PGN explicó que por medio de un oficio de la Secretaría General de la Presidencia y documentos anexos, fundamentados en las críticas y denuncias que la exfiscal General Thelma Aldana y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval realizaron en la red X (antes Twitter), consta lo siguiente: «Que el Secretario General del Ministerio Público, por instrucciones superiores, solicita que se efectúe la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática que han devenido en la afectación det sistema de justicia de Guatemala, así como del bien común de la población, derivado de las acciones de desprestigio internacional que han sido instigadas, en su mayoria,. por estos dos ciudadanos guatemaltecos residentes en los Estados Unidos de América».
Agregó que según el argumento, esas criticas y denuncias habrian influido para que el gobierno de los Estados Unidos le aplicara sanciones a funcionarios guatemaltecos, las cuales han tenido como consecuencia «el desprestigio internacional de la dignidad y honordbilidad de funcionarios sin el agotamiento del debido proceso», y para que las agencias del gobierno estadounidense cortasen el apoyo que brindaban al Ministerio Público.
