EI Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Asuntos Internos presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato en el caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad.
El ente investigador argumentó que tal solicitud es por autorizar la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial como anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, por el caso Odebrecht, sin estar en su presencia.
Esto durante la audiencia de primera declaración celebrada el 8 de septiembre de 2017, por lo que el MP indicó que la juzgadora no podía realizar tal convenio ya que las personas involucradas se encontraban en Brasil, por lo que Domínguez atentó contra la seguridad jurídica, el debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala.
Asimismo, la acusan de no advertir “la ilegalidad de la actuación” realizada el 6 de septiembre de 2017 cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien fungía en ese entonces como Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), realizó los acuerdos de colaboración eficaz.
“Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar diligencias de investigación en calidad de Fiscal del Ministerio Público fuera del territorio de la República de Guatemala; arrogándose facultades que únicamente corresponden por mandato constitucional a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con delegación para representar al Estado de Guatemala”, explicó el MP en un comunicado.
Los jueces de Mayor Riesgo en ocasiones anteriores han denunciado hostigamiento y persecución en su contra. Tal el es caso del juez Miguel Ángel Gálvez, quien presentó recientemente una denuncia por hostigamiento en redes sociales luego de una resolución emitida en el caso denominado Diario Militar.
Mientras que Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D, renunció a su cargo tras ser víctima de amenazas de muerte, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de su despacho, hechos que denunció pero no hubo una investigación y respuesta del MP.
