Ciudad de Guatemala, 9 oct (EFE).- La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, calificó este lunes de «ilegales» los bloqueos que han permanecido durante una semana en el país para exigir su renuncia y pidió al Poder Ejecutivo acciones contra los manifestantes.
«Estos bloqueos ilegales vulneran gravemente los derechos de los guatemaltecos», enfatizó Porras, durante un mensaje oficial difundido en las cuentas oficiales de la Fiscalía.
Porras hizo un llamado al Organismo Ejecutivo, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, para que por medio de las fuerzas de seguridad «actúe de forma inmediata» para liberar los pasos carreteros y las sedes de la Fiscalía que se mantienen bloqueadas desde el pasado 2 de octubre.
Al menos 80 carreteras del país amanecieron bloqueadas este lunes por octavo día consecutivo, y con el paso de las horas han superado los 100 bloqueos, debido a que diversos sectores de la población, encabezados por organizaciones indígenas y campesinas, exigen la renuncia de Porras, a quien acusan de intentar revertir los resultados electorales de este año.
La toma de carreteras y las manifestaciones permanentes se desataron después de que la Fiscalía decidiera allanar por cuarta ocasión la sede del Tribunal Supremo Electoral y secuestrar los resultados de los comicios del pasado 20 de agosto, por un supuesto caso de anomalías.
Desde el 12 de julio, la cúpula de la Fiscalía ha empleado su fuerza para intentar cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Por su parte, Arévalo ha reiterado desde el pasado 1 de septiembre que la fiscal Porras encabeza un «golpe de Estado en curso», que tiene como objetivo evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.
En su mensaje, Porras no se refirió a la petición ciudadana sobre su renuncia y advirtió que no descarta acciones legales contra los manifestantes y organizaciones que encabezan la presión en su contra.
Porras y la cúpula del Ministerio Público fueron sancionados en los últimos dos años con el retiro de su visa por Estados Unidos, bajo acusaciones de «socavar» la Justicia en Guatemala.
