Ciudad de Guatemala, 20 ene (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, a la que el nuevo presidente pedirá su renuncia, protagonizó una cruzada muy cuestionada internacionalmente contra Bernardo Arévalo de León, desde que el líder del Movimiento Semilla sorprendió ganando la carrera electoral de 2023.
Porras Argueta, de 70 años, figura como la protagonista de una crisis política en Guatemala sin precedentes, que capturó la atención internacional desde julio pasado, cuando el Ministerio Público (MP) se abalanzó sobre el inesperado ganador de los comicios.
La fiscal intentó cancelar el partido del nuevo presidente, también buscó retirarle la inmunidad en tres ocasiones y finalmente planteó anular las elecciones.
El papel desempeñado por Porras Argueta provocó el levantamiento de las autoridades indígenas de Guatemala, quienes han exigido su renuncia desde septiembre, acusándola de buscar socavar la democracia del país.
Por su parte, Arévalo de León acusó públicamente a la fiscal general de encabezar un intento de «golpe de Estado» para evitar su investidura y el 3 de enero aseguró a EFE que pedirá su dimisión.
El nuevo presidente, que asumió el poder el 14 de enero, invitó a Porras Argueta a una reunión el próximo miércoles y le solicitó un informe detallado sobre sus labores dentro del Ministerio Público.
Una carrera llena de señalamientos
Porras Argueta llegó a la Fiscalía en 2018, cuando fue electa por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), y en sus primeros años paralizó la lucha anticorrupción congelando procesos penales contra empresarios y funcionarios públicos de alto nivel.
La jefa del Ministerio Público destituyó a decenas de fiscales destacados por su papel en casos de alto impacto, como el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos desde julio de 2021.
De acuerdo con Sandoval, la fiscal lo destituyó para detener una investigación que implicaba al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) por una trama de sobornos con empresarios de origen ruso.
Esa destitución le valió a Porras Argueta ser sancionada por Estados Unidos dentro de la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Persecución contra actores incómodos
Sin importar esos antecedentes, la fiscal fue reelecta en 2022 por Giammattei para dirigir el Ministerio Público por cinco años más, y durante su segundo periodo ha consolidado un grupo de fiscales que han perseguido penalmente a periodistas críticos, políticos de oposición, activistas y operadores de justicia.
En julio de 2022, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, nombrado por Porras Argueta, detuvo al periodista José Rubén Zamora Marroquín, tan solo cinco días después de lanzar fuertes críticas contra Giammattei y su círculo cercano.
Durante ese tiempo, los fiscales de confianza de Porras Argueta se encargaron de detener la persecución penal contra exfuncionarios implicados en millonarios sobornos en la trama de corrupción que implica a la constructora brasileña Odebrecht.
Este mismo conjunto de fiscales y el secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda, fue el grupo de funcionarios que empleó Porras Arguera para intentar detener la investidura de Arévalo de León, desde su inesperado pase al balotaje por la presidencia a mediados del año pasado.
Porras Argueta solo puede ser retirada de su cargo de fiscal general si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra, afirmó el pasado 20 de diciembre la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, al rechazar solicitudes que pretendían facilitar la destitución de la funcionaria.
La próxima semana, se espera que Arévalo de León solicite su renuncia a la fiscal general, durante la reunión a la que la invitó el 24 de enero.
