La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a las solicitudes de debida ejecución presentadas por Acción Ciudadana, la Fundación Mirna Mack y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por que solicitó informes circunstanciados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Congreso de la República.
La CSJ envío el informe circunstanciado, indicando que ellos lo enviaron al Congreso de la República el 26 de junio, el proceso de antejuicio.
Entre tanto la Comisión Permanente del Congreso de la República informó que le es materialmente imposible a la Comisión Permanente enviar el original de las diligencias del antejuicio 37-2020 porque ya se encuentra en poder de la Comisión Pesquisidora. Sin embargo, el proceso debió ser suspendido desde el sábado tal como lo ordenó la CC.
La Comisión Permanente presentó ante el Ministerio Público (MP), una denuncia penal en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana, por los delitos prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, ya que los magistrados mencionados fueron quienes interpusieron un amparo en contra del proceso de antejuicio en su contra.
El Congreso de la República informó que el expediente original de antejuicio estará bajo custodia y solicitó al MP que actúen conforme a la ley y procedan con el planteamiento de antejuicio ya presentado e indica que «no se puede permitir que quienes están llamados a velar por la defensa del orden constitucional sean quienes lo destruyan a través de procurarse su propia impunidad».
Con información de Mari Cruz Chajón.
