La Ley de Exención de Responsabilidades y Creación del Mecanismo de Compensación por el Uso de la Vacuna contra el COVID-19 fue aprobada por el pleno del Organismo Legislativo, junto con las enmiendas realizadas a la misma, en la que se establece que el Estado de Guatemala será quien asuma la responsabilidad si se llegaran a reportar efectos secundarios posteriores a la inmunización contra esta enfermedad.
Esta ley tendrá vigencia de 24 meses, la cual incluye la creación de un Comité de Evaluación de Reacciones Adversas, el cual determinará si posterior a la aplicación de la vacuna causó reacciones no contempladas dentro del parámetro de lo normal tras la inmunización contra el virus SARS-COV2.
Desde la mañana del pasado miércoles los jefes de bloque y la titular de Salud, Amelia Flores y el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci, atendieron una convocatoria realizada por la Presidencia para poder debatir las 30 enmiendas presentadas por dicha ley. Posteriormente los diputados se reunieron en el Palacio Legislativo para continuar con el debate de los artículos y su posterior aprobación.
Durante la reunión de los jefes de bloque y los ministros ya mencionados, el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó un punto resolutivo para pedir la destitución de Flores, sin embargo no contó con los votos necesarios para avanzar, esto luego de que la ministra no presentara el contrato de adquisición de vacuna Sputnik V con Rusia, a lo que dijo que no podía mostrar por existir un contrato de confidencialidad.
Las enmiendas aprobadas incluyen el mecanismo de compensación económica a las personas que resulten afectadas por efectos adversos de las vacunas, por lo que, se creó un Fondo de Compensación Económica por Q20 millones, por los efectos de la vacuna que se comprueben, el cual será manejado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Los reclamos deberán realizarse en un plazo no mayor a 30 días.
Entre las enmiendas también se encuentra la facultad otorgada a la cartera de Salud para la suscripción de contratos con fabricantes de vacunas con los que no ha trabajado el Gobierno guatemalteco y establecer “cláusulas de confidencialidad” sobre los mismos.
