Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) decidieron suspender provisionalmente el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que designaba al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal de manera “exclusiva” conociera los casos de delitos cometidos por empleados y funcionarios públicos acusados de corrupción.
“Se decreta la suspensión provisional del Acuerdo 22-2020, emitida por la Corte Suprema de Justicia el tres de junio de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial el veinticinco de junio de dos mil veinte, por el que Acuerda, Determinar la Competencia Penal del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala”.
La resolución de la CC tuvo tres votos disidentes de los Magistrados Dina Ochoa, Philip Comte y María de los Ángeles Araujo Bohr, los cuales se basaron en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual señala que esa instancia debe decretar la suspensión provisional si a su juicio la inconstitucionalidad fuera notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.
La CC concedió audiencia dentro de 15 días a la CSJ, al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal.
