La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar, de manera definitiva, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por autoridades indígenas y dos grupos de abogados, que buscaban devolverle al Presidente de la República la potestad de destituir al Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).
Por ello, el Fiscal General y jefe del MP solamente podrá ser destituido por el mandatario del país únicamente cuando enfrente una condena con sentencia en firme.
El expediente fue conocido por los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Walter Paulino Jiménez Texaj, quienes por unanimidad decidieron declarar sin lugar las acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Dichas acciones pretendían suspender el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que establece las causas para la remoción del Fiscal General, mismo que se reformó en 2019.
Con esa reforma, la remoción del jefe del MP podía hacerse solo con causa justificada que debía entenderse por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva”.
Por su parte, las inconstitucionalidades buscaban que se le devolviera la potestad al Presidente de la República de destituir al jefe del MP por causa justificada y se retirara del artículo la mención a la condena.
Con esto se pretendía que cuando Bernardo Arévalo, asumiera el cargo de Presidente de la República, tuviera la potestad de destituir a Consuelo Porras, actual Fiscal General y jefa del MP, señalada de encabezar acciones judiciales contra Arévalo, otros integrantes de Movimiento Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
