La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la libertad condicional para la excandidata presidencial Sandra Torres, quien continúa procesada por presunto financiamiento irregular de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Esto luego de que la alta Corte rechazó una apelación presentada por el antiguo fiscal del caso, Fernando Aldana, quien pedía que le fueran revocadas las medidas sustitutivas a Torres y volviera a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.
De haber sido aceptada la apelación, la excandidata presidencial no hubiera podido participar en la política y postularse de nuevo para un cargo público en las próximas elecciones generales.
“Se encontraba latente el peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad (…) obran las declaraciones de siete testigos con los que existió relación de subordinación con la sindicada; de esa cuenta, existe peligro que dicha persona pueda influir para que cambien su testimonio”, indicó el fiscal Aldana en la apelación.
Sin embargo, la CC avaló la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo, que inicialmente confirmó las medidas para Sandra Torres.
“Cumplió con emitir un fallo completo, en el que concluyó de manera fundada que el peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad, que fue el parámetro que motivó la prisión preventiva, podía ser razonablemente evitado por medio de las medidas sustitutivas dispuestas por la juez de primera instancia”, resolvió la CC.
Dicha resolución fue emitida por los magistrados Héctor Pérez Aguilera, Dina Ochoa, Luis Rosales, Rony López, Juan José Samayoa, Claudia Paniagua y Walter Jiménez.
Por lo que, continúa vigente el amparo provisional otorgado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo concedido a Sandra Torres en agosto de 2021, cuando le fueron cambiadas las medidas sustitutivas que había impuesto la jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, el 8 de enero de 2020.
En esa ocasión los magistrados resolvieron revocar la prohibición que tenía Torres para participar en actividades políticas y de movilizarse a los departamentos, anulando el arresto domiciliario.
Sin embargo, según la investigación del Ministerio Público (MP), la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S. A., Promotora de Recursos Habitacionales, S. A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe, S. A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido para evadir el control sobre los fondos recibidos.
Estos aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la agrupación política ascendieron a Q27.6 millones, mientras que Torres estaba enterada de «contribuciones anónimas» por casi Q6 millones.
Por lo que, el caso por supuesto financiamiento electoral no registrado de la UNE sigue activo a la espera de que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, realice la audiencia de apertura a juicio contra los procesados, incluida Sandra Torres.
