Caso Virgina Laparra: Defensa presenta recurso de casación asegurando que la exfiscal no cometió el delito de abuso de autoridad

Foto: EFE/ Edwin Bercián

La defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la sentencia emitida el pasado 9 de mayo por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, asegurando que los hechos de los que se acusa a su defendida no constituyen el delito de abuso de autoridad.

“Los hechos probados en juicio no son delictuosos. Lo único que se ha probado en juicio es que Virginia Laparra firmó y selló cuatro denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial. Ni más, ni menos. De ninguna forma eso puede ser considerado como un abuso de autoridad pues la fiscal no controló alguno sobre el resultado del proceso que inició”, indicaron las profesionales del derecho en un comunicado.

Además, aseguraron que no se probó su intención de perjudicar a nadie, porque no la había, y por el contrario, la fiscal Laparra tenía el derecho el deber de denunciar hechos que ella consideraba reñían con la legalidad.

Las abogadas aseguraron que la interpretación del tribunal y de la Sala de la Corte de  Apelaciones es contraria a diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos. “Se ha violado el principio de legalidad penal, pues denunciar no está prohibido por la ley. Se han utilizado un tipo penal ambiguo para forzar una interpretación violatoria”, recalcaron.

Por ello, presentaron este nuevo recurso, esperando que la Corte Suprema de Justicia declare que la sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones incurrió en diversos errores de fondo, y por lo tanto, absuelva a Virginia Laparra.

El recurso de casación fue interpuesto por las abogadas de Laparra luego de que el pasado 9 de mayo la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones rechazó la apelación especial presentada por el equipo jurídico de la exfiscal anticorrupción, confirmando así la sentencia de cuatro años de prisión conmutables dictada por el Tribunal Octavo por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.