Caso Política y Falsedad: Solórzano Foppa y cuatro implicados más son beneficiados con medidas sustitutivas

Foto: Prensa Comunitaria

Este viernes se efectuó la audiencia de resolución en contra de cinco de los señalados en el caso Política y Falsedad entre ellos el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, quienes fueron benéfica con medidas sustitutivas.

La audiencia se llevo a cabo en el Juzgado Sexto Penal, el cual lleva el caso, como etapa final de la audiencia de primera declaración.

El juez Israel Celada resolvió dictar arresto domiciliario a los detenidos ya que considera que no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad.

Los señalados son el exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, al exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, José Miguel Quintanilla, Roberto Cáceres y Giovanni Vinicio Fajioli.

Las medidas impuestas son: Arresto domiciliar, obligación de firmar asistencia cada 15 días, arraigo, prohibición de acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus dependencias, así como la prohibición de hablar con testigos del caso.

El pasado jueves el juez Celada resolvió no procesar penalmente a los cinco detenidos por el delito de conspiración para cometer asociación ilícita, ya que consideró que el Ministerio Público (MP), no presentó indicios que acreditaran la posible comisión del ilícito.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Rafael Currichiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales, no pudo sostener la sindicación de que los señalados crearon una red criminal para crear un partido político en 2019, aunque el juez si encontró indicios de que el acta de creación tuvo anomalías.

El delito por el que fueron ligados a proceso es por falsedad ideológica con agravación electoral, ante lo cual, el fiscal Curruchiche solicitó al juez que las personas ligadas a proceso, firmen cada ocho días el cotrol biométrico, se les imponga arraigo, entreguen su pasaporte a la Fiscalía y la prohibición de comunicarse con el resto de sindicados.