El 2024 arranca con una nueva gestión gubernamental bajo el mando de Bernardo Arévalo, quien debió sortear, hasta el último minuto, la actitud del sistema, conocido desde 2017 como el “Pacto de Corruptos”.
El 14 de enero el telón del Teatro Nacional se abrió hasta la media noche, pero antes el mundo entero presenció la actuación “en vivo” de ese pacto de corruptos. A pesar de que la autoridad electoral le certificó al Congreso de la República que el Movimiento Semilla se encontraba vigente, el oficio de una fiscalía ilegítima, provocó que el Organismo Legislativo desconociera a la agrupación política vencedora en el proceso electoral.
Ese documento pichicato, puso en riesgo la juramentación de Arévalo como presidente.
Una vez instalado, el presidente vio nuevos obstáculos llegar desde la Corte de Constitucionalidad, seguido de todo el Organismo Judicial y pasando, por supuesto, por el desdichado Ministerio Público de Consuelo Porras.
Señalo a la Corte de Constitucionalidad primero porque, a diferencia de muchos que han aplaudido las decisiones de esta magistratura, desde su establecimiento he señalado, no solo las triquiñuelas para colocarla, sino todas las decisiones asumidas en congruencia con los intereses del Pacto de Corruptos: los temas de propiedad comunal de los pueblos, fallos sobre minería, resoluciones indecisas en materia electoral.
Y ¿qué decir del Organismo Judicial? Las decisiones de jueces a la carta, como Fredy Orellana, Víctor Cruz y otros impresentables de ese organismo estatal, tuvieron en vilo la transición, como fieles instrumentos del intento de golpe de Estado.
Por esas y otras razones, no era extraña la ausencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial en la ceremonia de toma de posesión de Bernardo Arévalo.
La abanderada de todos estos eventos de afrenta democrática es, como ya sabemos, el Ministerio Público que, con un oficio mediocre remitido al Congreso de la República para informar que la agrupación política “Movimiento Semilla” estaba suspendido, intentó dinamitar una vez más, el cambio de gobierno.
Afortunadamente, fallaron en todos sus intentos, gracias a muchos factores. El principal: la reacción ciudadana.
La enumeración de estos intentos golpistas, cuyo origen está en el sistema de justicia, tienen un propósito: el cambio del poder judicial es urgente. Y el primer paso es la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público.
Su gestión como Fiscal General ha provocado muchísimos daños a la institucionalidad, el propio Bernardo Arévalo ha sido víctima. La gobernabilidad del país está en peligro con la subsistencia de Porras en el MP.
Su sola salida no será suficiente, pues la fiscalía fue tomada por el crimen organizado.
El siguiente paso vendrá en marzo cuando el Congreso de la República realice la convocatoria para la elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que deberá asumir en octubre de este año.
El proceso requerirá una minuciosa fiscalización, aunque eso no impedirá la vieja práctica de negociaciones paralelas, cuando se presenten las listas finales ante el Congreso de la República pudiera haber un viraje positivo en favor de la justicia.
Eso, en este momento es posible afirmar: que los cambios son muy necesarios y por algo debe iniciarse.
