Autoridades Maya Ixil denunciaron públicamente como golpistas a la Fiscal General Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthya Monterroso, el juez Fredy Orellana, la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés y el presidente Alejandro Giammattei por buscar ejecutar un Golpe de Estado en el país y garantizarse impunidad.
Aseguraron que el mandatario es la cabeza visible del pacto de corruptos, y que junto a la Presidenta del OJ, Silvia Patricia Valdez Quezada y el juez Fredy Orellana «participan y protegen los intereses de poderes oscuros que pretenden mediante mecanismos aparentemente legales no respetar la voluntad del pueblo de Guatemala expresado en las urnas electorales el pasado 25 de junio del año 2023».
Las autoridades indígenas también expresaron su rechazo e indignación a las acciones de los partidos políticos y sus candidatos que están formando parte de la coalición del pacto de corruptos, que están contribuyendo a continuar socavando el ya débil y desgastado Estado Constitucional de Derecho y la democracia en Guatemala.
«Nos hemos podido dar cuenta que no se trata de simplemente no querer aceptar la derrota en las urnas, se trata de que el pacto de corruptos, utilizando partidos y funcionarios del sector justicia como títeres, para ejecutar un golpe de Estado», se lee en un pronunciamiento.
También reprocharon a los candidatos perdedores por no reconocer su derrota y guardar silencio cómplice ante todos estos ataques al proceso electoral. «Acepten que el pueblo no los eligió», indicaron.
Además, exigieron la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche por sus acciones abusivas y violatorias a la Constitución y las leyes del país, por ser «dos monigotes utilizados desde el Ministerio Público para atentar contra el Estado de Derecho».
Así mismo, denunciaron la cobardía de los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad de no querer resolver y reconocer taxativamente el abuso y la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución del Juez Séptimo de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala, al suspender la personalidad juridica del Movimiento Semilla, en un afán de violentar el voto popular; y tampoco reconocer taxativamente la competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral en esta materia.
«Exigimos a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral garantizar a los guatemaltecos su derecho a elegir a sus gobernantes en un ambiente democrático y de respeto a la Ley, ejerciendo su competencia con honestidad y contundencia. Comprendemos que el principio de independencia judicial y de legalidad no debe interpretarse a favor del pacto de corruptos», agregaron.
Por ello, el territorio ixil pidió a los magistrados de las diferentes Cortes de justicia, a funcionarios y empleados públicos honestos a denunciar los hechos de violación de voluntad soberana del pueblo y a defender nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades, y rechazar cualquier orden ilegal. Así mismo, pidieron a la comunidad internacional mantener su acompañamiento en nuestro débil proceso democrático y acudir a la vía diplomática en resguardo de la voluntad soberana del pueblo de Guatemala y que reconozcan que el soberano es el pueblo de Guatemala que en el presente caso ha expresado su voluntad en el proceso electoral en marcha y no necesariamente los representantes a quienes se delega ese ejercicio de manera temporal y no pueden alegar ser propietarios de dicha soberanía.
