La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) presentó una acción de inconstitucionalidad de carácter general en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, asegurando que tales reformas afectan el derecho de los jueces para asociarse libremente.
Asimismo, señaló que estas reformas violan la normatividad nacional e internacional para los derechos de libre asociación y libertad de pensamiento reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de la Carera Judicial y estándares internacionales de derechos humanos.
«Estas reformas afectan el derecho de jueces y juezas de asociarnos libremente, sin ningún tipo de limitación o amenaza de cancelación o disolución», dijo Carlos Ruano, presidente de AGJI, y agregó que, si bien la Corte de Constitucionalidad ha suspendido provisionalmente algunas disposiciones de la Ley de ONG, “no es suficiente para garantizar los derechos afectados”.
Dentro de los puntos expuestos en la acción de inconstitucionalidad, la AGJI indicó que el Registro de Personas Jurídicas debe ser independiente y no debe formar parte del Ministerio de Gobernación, ente encargado de brindar seguridad y titular de las funciones de inteligencia civil. También solicitaron que quede al completo criterio y discreción del Registro de Personas Jurídicas la decisión sobre si una organización de la sociedad civil tiene «objetivos claros de beneficio social».
“La ley impide que los miembros de esta asociación participemos de programas de capacitación o formación organizados e impartidos por nosotros mismos, constituyendo una limitación a la formación judicial permanente, pues establece que, los beneficiarios del trabajo de las ONG tienen que ser personas diferentes a los miembros o trabajadores de estas”, agregaron.
Por ello, indicaron que la función judicial requiere de total independencia para su eficaz ejercicio, siendo ésta un elemento esencialmente inseparable de la administración de justicia, “pues deja de ser un privilegio de jueces y juezas y se constituye en un derecho ciudadano de contar con tribunales imparciales e independientes que resuelvan los conflictos sociales en aplicación igualitaria de la ley y en procura de la paz social”.
