El presidente Bernardo Arévalo, mandó de manera formal una invitación para reunirse con la Fiscal General, Consuelo Porras, el próximo 24 de enero a las 10 horas en el Despacho Presidencial, sin embargo, en la carta de invitación no se detalla sobre la solicitud de renuncia que el mandatario había dicho que haría.
En la misiva, el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales: Avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el Ministerio Público (MP) en cumplimiento de las órdenes de la CIDH.
Así como en los procesos que están relacionados con casos en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por denegación de justicia.
El presidente solicitó a la Fiscal General, los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa: y requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa.
Además, información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19, como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida.
El gobernante solicitó a Porras, detalles respecto del protocolo de actuación del MP al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.
En la carta se hace referencia que con la información proporcionada se girarán instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector seguridad y justicia.
