APG señala al Gobierno de Giammatttei de censurar, criminalizar y atacar a periodistas y medios de comunicación críticos del «actual régimen autoritario»

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) señaló al gobierno de Alejandro Giammattei de censurar, criminalizar y atacar a periodistas y medios de comunicación críticos del «actual régimen autoritario, sin embargo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) aseguró que tales aseveraciones «carecen de fundamento».

En ocasión del tercer aniversario del gobierno de Alejandro Giammattei, la APG aseguró que «las acciones del gobierno de Giammattei y sus aliados en el sector político y privado causaron que solo durante el 2022 se registraran 107 ataques y limitaciones a la libertad periodística, en los que destacan 12 casos de acoso judicial, 36 limitaciones para realizar coberturas, principalmente en el Organismo Judicial y la Presidencia, y 2 casos de exilio/desplazamiento forzado».

Además, aseguró que uno de los patrones de ataque normalizado por este gobierno es el acoso judicial, mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar las publicaciones de determinados temas o que se mencionen a funcionarios en específico, así como la citación a declarar a periodistas por su labor.

La Asociación contabilizó 117 agresiones a la prensa durante el año 2022, por lo que estas agresiones ascendieron a 404 durante el actual Gobierno.

Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que la APG responsabiliza «sin fundamento» al Ejecutivo de limitar la labor periodística. Asimismo, aseguró que los ataques a los que se refiere la APG deberían traducirse en denuncias, sin embargo, el Ministerio Público (MP) ha señalado que no ha recibido las mismas.

«El Gobierno de Guatemala ha sido constante en atender consultas de medios, programar conferencias de prensa y presentar información por medio de diversas actividades y plataformas. En diversas ocasiones se ha expuesto que los procesos penales son ajenos a la labor del Ejecutivo y respetamos las competencias del ente investigador y juzgados», puntualizó la SCSP.