El Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) indicó en su informe semestral que las autoridades públicas continúan vulnerando el derecho a la libertad de expresión y de prensa en el país. Además, aseguró que “el actual Gobierno guatemalteco se encamina a convertirse en una dictadura”.
De acuerdo a dicho informe, desde el Estado se impulsa una campaña de persecución en contra de periodistas, voces críticas al régimen y participantes de las manifestaciones ciudadanas.
Estas campañas se reflejan, entre otras acciones, en los procesos de criminalización iniciados por el Ministerio Público (MP) y apoyados por el Organismo Judicial (OJ), las campañas de acoso en redes sociales, la negativa de brindar información o retenerla por parte de empleados públicos y más recientemente, la utilización de un discurso estigmatizante que apela a la burda defensa de la «soberanía» y pretende implantar en el imaginario colectivo como «enemigos de la democracia» a sectores críticos como la prensa, indicó el Observatorio de los Periodistas.
Asimismo, compartió que durante el primer semestre del año, se registraron 66 actos de restricciones, violencia y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, mientras que durante el actual Gobierno (de enero de 2020 a junio de 2022), tienen registrados 350 ataques contra la prensa.
También recordó que en junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la «continuidad de un escenario de riesgos a la labor periodística en Guatemala, con (…) episodios de hostigamiento e intimidaciones, agresiones en el marco de manifestaciones sociales y obstrucciones a la cobertura periodística de actos oficiales».
“El gobierno de Alejandro Giammattei ha hecho de la opacidad, la violación a los derechos humanos y la intolerancia a la libertad de expresión parte de sus principales características y ha buscado incesantemente suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y evidencie las numerosas acusaciones de corrupción ocurridas durante su mandato. Estas características son compartidas por otros organismos estatales que mediante diversas argucias han buscado entorpecer la labor periodística o criminalizar a los periodistas por sus publicaciones o críticas”, indicó la APG.
Además, aseguró que la continuidad de María Consuelo Porras Argueta, como Fiscal General, es uno de los peores golpes que asestó el gobierno a la democracia y la institucionalidad del país.
“La Fiscal General persigue con fiereza a periodistas y participantes de manifestaciones ciudadanas, mientras maniobra para que procesados en casos de alto impacto, como el caso del exdiputado Julio Juárez, acusado del asesinato del periodista Danilo Sapon López, ocurrido en marzo de 2015, salgan libres de prisión y sin ninguna responsabilidad. Actos como este podrían repetirse en un futuro cercano, con procesados por agresiones o crímenes contra comunicadores, y envían un mensaje negativo de que responsables de atacar a la prensa permanecerán en la impunidad. A la vez, disminuirá aún más la poca confianza del gremio hacia el ente investigador”, agregó.
Otra de las instituciones utilizadas como aparato represor y persecutor de los críticos del Estado, es la policía, aseguró la APG, ya que el Observatorio de los Periodistas ha conocido 43 agresiones en las que están involucrados mayormente agentes de la Policía Nacional Civil, así como elementos del Ejército y policías municipales.
“Aunque el Ministerio de Gobernación ha querido hacer creer que estos actos son aislados, como Comisión de Libertad de Prensa de la APG consideramos que estos hechos forman parte de una política oficial para censurar y reprimir a la prensa”, mencionaron.
Por tal razón, aseguró que, “el actual Gobierno guatemalteco se encamina a convertirse en una dictadura, como una de las tantas que asoló Guatemala el siglo pasado: la criminalización de periodistas, el exilio de críticos al régimen, la sumisión entre Poderes, un sistema de justicia no independiente, la creación de «enemigos» del Estado, la utilización de discursos de odio, la imposición de censura y autocensura a los medios de comunicación, son características inconfundibles de autoritarismo e intolerancia”.
