El Congreso de la República aprobó la “Ley para la protección de la Vida y la Familia”, contenida en el decreto 18-2022, una ley que aumenta pena de prisión hasta de 50 años por abortar, estigmatiza la diversidad sexual y prohíbe al Estado informar sobre dicha diversidad, pero paradójicamente hoy el presidente Alejandro Giammattei, declaró a Guatemala como la “Capital Iberoamericana Pro Vida”, algo que ha causado una serie de críticas.
El abogado y catedrático universitario, Oswaldo Samayoa dijo que estamos frente a un populismo conservador que está promoviendo ciertas posiciones, dice protege a la familia, pero finalmente lo que está haciendo es que el Estado se entrometa en la libertad y la moral de las personas.
Samayoa indicó que el Ejecutivo y el Legislativo se están uniendo ahorita porque a partir de junio no les conviene aparecer junto al oficialismo porque el próximo año son las Elecciones Generales, “ahorita que tienen pactos y acuerdos están logrando avanzar en todo esto”.
Agregó que la aprobación de la Ley y la declaración pro vida, son temas que distraen a la ciudadanía de los grandes temas, el saqueo que se está viviendo del Estado, la corrupción y la impunidad. “Nos distrae porque nos pone de primero a defender nuestros derechos individuales y libertades de pensamiento y moral, frente a esos grandes avances que tiene la cooptación para ganar impunidad”, manifestó.
Samayoa indicó que el fundamentalismo cristiano ha ganado tanto terreno que los políticos utilizan la religión y el cristianismo para hacerse de votos, “es decir que la política en Guatemala esta tan desgastada, deslegitimizada que lo que tienen que hacer es acudir a estas formas radicales cristianas para sostener sus votos y un poco de legitimidad frente a su electorado, entonces también se tiene que ver que se está utilizando valores morales y religiosos como medio o instrumento político”.
Asimismo dijo que, finalmente esta crisis de nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades conlleva una represión psicológica que lo que hace es que la sociedad se abstenga de opinar y de participar en este tipo de eventos políticos y eso por lo tanto se aleja para que haya critica o auditoria social, fiscalización y es algo de la estrategia de perseguir a activistas, periodistas, abogados, defensores de derechos, del medio ambiente, para que no se vean involucrados entonces atacan los derechos y entonces la ciudadanía no participa para que no le pase eso.
Samayoa manifestó que el presidente Giammattei está jugando mal sus piezas, “yo creo que nunca habíamos tenido el sistema tan cooptado como hasta ahora, y está jugando mal sus piezas en el sentido que al darle larga vida y control a este tipo de iniciativas lo que se está haciendo es elevando el termómetro social al punto del desgaste y de una u otra manera le quedan dos años de Gobierno y a ese punto puede llevar a la población a realizar grandes manifestaciones de rechazo y deslegitimación de todo lo que está haciendo”, señaló.
Entre tanto, el diputado Samuel Pérez del partido Semilla, dijo que es de las cosas más “hipócritas” que puedan hacer –Organismo Ejecutivo y Congreso- porque desde que se aprobó en el Congreso hace una semanas declarar el 9 de marzo como el Día de la Vida y la Familia, “denunciamos y presentamos una enmienda exponiendo que preocuparse por las familias guatemaltecas era combatir la corrupción, resolver sus problemas cotidianos relacionados con el desempleo, falta de ingresos, aumento del precio de la gasolina, gas o medicinas, y lo que propusimos fue reactivar una política social, pero en realidad lo que menos interesa es la familia”, señaló.
Agregó que, “lo que hicieron fue ponerse de alfombra y humillar a Guatemala internacionalmente con la aprobación de la Ley para la protección de la Vida y la Familia, para intentar ganar un tipo de legitimidad, pero estoy seguro que no engañan al pueblo de Guatemala, nadie va a dejar de pensar que son unos criminales, corruptos y descarados”.
Pérez indicó que se prevé realizar acciones legales a corto plazo y un cambio de fondo que hay que apuntar, “con la bancada estamos planificando realizar algunas acciones en el Legislativo en donde se puede revisar la aprobación que se hizo ayer, de todas formas si quedará aprobada hay que presionar para que el Presidente la vete y como no lo va hacer, habría que presentar acciones de inconstitucionalidad porque esta plagadas de irregularidades legales y como la Corte también esta cooptada, hay que seguir presionando”, dijo.
Asimismo, anunció una batalla legal y política “porque no será fácil su aprobación en definitiva”, manifestó el diputado.
