Las organizaciones Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana (AC) se unieron a la petición de declarar lesivo el contrato de compra de vacuna contra el COVID-19 entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la entidad Human Vaccine de Rusia.
«La ministra Flores se niega a proporcionar por la vía de acceso a la información pública copla del acuerdo, a pesar de que es un tema relevante para la poblacion guatemalteca y no puede ser declarada su reserva por ningún motivo», indicaron.
Agregaron que esta negociación coloca en desventaja a Guatemala ya que no se realizó directamente con el fabricante como lo establece el Decreto 1-2021 del Congreso, sino con una entidad de responsabilidad limitada que actua a través de otra subsidiaria llamada Corporate Center Limited Liability Company.
Otro de los motivos por los que piden se cancele el contrato de compra-venta es por la falta de formalización del acuerdo en la legislación guatemalteca, ni mecanismo de defensa que proteja al Estado ante posibles incumplimientos por parte de la entidad proveedora. «El Estado de Guatemala eximió de responsabilidad al vendedor por el incumplimiento de las condiciones pactadas», se lee en un comunicado.
Mencionan que al ser así, recae en el Estado de Guatemala la responsabilidad de alguna vacuna que resulte inservible.
«El Estado de Guatemala pagó Q614.5 millones como anticipo, sin que exista cronograma de entrega, dejando a discreción del vendedor el momento en el que se entregarán las vacunas, sin que exista un plazo establecido ni garantía de entrega», recordaron.
Por tal razón, pidieron la intervención del Procurador General de la Nación como defensor de los intereses del Estado, para que se someta al consejo de Ministros y se declare la lesividad de dicho acuerdo, por ser contrario a los intereses del Estado de Guatemala.
También que se recupere el dinero ya cancelado por las vacunas que no se han recibido y que el Ministerio Público proceda de inmediato a la investigación de los hechos, para determinar las responsabilidades penales que surjan por haber firmado ese contrato.
