La Alianza por las Reformas realizó un análisis jurídico respecto a la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), determinando que dicha acción por parte de la Fiscal General, Consuelo Porras, es arbitraria e ilegal, pues no cumplió con lo preceptuado en la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), el Pacto Colectivo y estándares internacionales.
Según el análisis presentado por Alianza por las Reformas, la causal que utilizó Porras para destituir a Sandoval, fue la oposición que expresó el entonces jefe de la FECI, sobre la designación de la Fiscal Cinthia Monterroso, a la agencia 8, ya que los casos de dicha agencia se dilucidan en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la Jueza Erika Aifán, a quien Monterroso había denunciado penalmente y por desavenencias con el personal de la agencia Fiscal.
Sin embargo, la oposición de Sandoval, según Alianza por las Reformas, se encontraba en Ley, pues así lo estipula la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que no procedía de ninguna manera la oposición como causal de la destitución.
Además, refiere que en el título V de la Ley Orgánica del Ministerio Público, regula lo relativo a la disciplina en el servicio, regulando los principios de legalidad, independencia del procedimiento, derecho de defensa y proporcionalidad como principios rectores.
Para ello, se establecen el catálogo de faltas leves, graves y muy graves que pueden cometer los funcionarios en el ejercicio del cargo, así como las sanciones que deben aplicarse. Para conocer de este proceso y garantizar la independencia, la ley regula las juntas disciplinarias, las cuales tienen a su cargo conocer y sancionar de conformidad con la ley.
“El Fiscal Juan Francisco Sandoval nunca fue sometido a un proceso disciplinario en donde tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa ni se cumplieran con ninguno de los principios regulados en la ley” manifestó la Alianza.
Además, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente establece en el artículo 6, que “como trabajador (a) se comprende a la totalidad de personas individuales que prestan su servicio en el Ministerio Público, en virtud de un nombramiento o relación de trabajo”.
El artículo 14 garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores, “salvo que estos incurran en cualquiera de las causales justas de despido contempladas en la ley y de acuerdo al procedimiento disciplinario correspondiente”.
Agregó, que los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que en los casos de destitución de fiscales es necesario cumplir con el principio de legalidad y garantizar de manera objetiva e imparcial el debido proceso y el derecho de defensa, “principios que no fueron respetados en la decisión de la Fiscal General al momento de emitir el acuerdo de destitución sin que exista justa causa”.
Por lo que consideran que, “es evidente el incumplimiento de las normas en la destitución del jefe de la FECI y se advierte una decisión unilateral, arbitraria, caprichosa y deliberada en las acciones tomadas por la Fiscal Consuelo Porras. Ello representa graves retrocesos en materia del fortalecimiento de la independencia fiscal y el socavamiento de las normas constitucionales y ordinarias que en materia de justicia tanto trabajo ha costado alcanzar”.
Asimismo, rechazaron los señalamientos públicos que ha realizado la Fiscal General contra Sandoval, pues no forman parte de los motivos argumentados en la resolución de destitución y de haber considerado dichos aspectos se debieron de iniciar las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes.
“Externamos nuestra preocupación por las manifestaciones de la Fiscal General en cuanto a procurar la criminalización de varios casos en contra de Sandoval y, además, así entorpecer los casos bajo investigación de la FECI; ello con la finalidad de lograr una orden de captura en su contra” manifestó la Alianza por las Reformas.
Por último señalaron que el fortalecimiento de la carrera fiscal, la independencia y la objetividad son principios fundamentales en un Estado de Derecho, los cuales debemos de impulsar y proteger.
