Alianza por las Reformas solicitó que se resuelva a la brevedad la situación de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, asimismo que el juez a cargo del expediente cumpla el debido proceso con imparcialidad, ya que aseguran que no existen elementos para que continue prisión preventiva.
Recordaron que el Código Procesal Penal establece que se puede dictar prisión preventiva en «límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso» y debe comprobarse que la persona pueda darse a la fuga o bien obstaculizar la investigación que realiza el Ministerio Público, sin embargo ese no es el caso de Laparra.
Detallaron que la exjefa de la FECI en Quetzaltenango está ligada a proceso por presentar denuncias ejerciendo su cargo como fiscal en contra del juez Lesther Castellanos quien ahora se desempeña como relator contra la tortura, sin que existan elementos que ella podría ocultar o hacer que se oculten al Ministerio Público.
“El proceso penal en contra de la Fiscal Laparra ha cumplido con indicadores claros del uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de fiscales que han adelantado procesos importantes en contra de sectores de poder con vínculos con el crimen organizado. Esta práctica ha sido cada vez más sistemática y reiterada durante la gestión de Consuelo Porras a cargo del Ministerio Público, en donde sacar a la luz grandes casos de corrupción quedó en el pasado y se enfoca en perseguir a quienes investigaron a los grandes corruptos del país”, indicó Alianza por las Reformas en un análisis del caso.
Aseguraron que los sectores que lideran la cacería en contra de los fiscales que promovieron grandes casos de corrupción y que dejaron en evidencia la captura del Estado, pretenden equiparar la prisión preventiva que hoy enfrenta la Fiscal Laparra con los casos adelantados por la FECI, sin revelar que son dos situaciones completamente distintas.
“Los casos adelantados por la FECI develaban la participación de grupos y estructuras criminales que desviaron millones de quetzales para beneficio propio, de sectores que históricamente han pagado sobornos para ganar contratos estatales y mantener sus privilegios de impunidad, de alianzas del sector público con grupos de crimen organizado incluso para financiar campañas electorales, entre otras relevantes redes criminales”, agregaron.
Además, recordaron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual indica que la prisión preventiva “no puede convertirse en una pena anticipada ni tener fines preventivos especiales atribuibles a la pena”.
Este martes se desarrolla la audiencia de Laparra en el Juzgado Séptimo, sin embargo no permitieron el ingreso a medios de comunicación y observadores, mientras que afuera de Torre de Tribunales realizan una manifestación a favor de la exfiscal en la que piden que sea liberada ya que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 23 de febrero.
