Hay varios candidatos en las presentes elecciones que están atados a un antiguo caso del pasado marcado por la impunidad. Los hechos se remontan al 2001, cuando el ministerio de Defensa sufrió un saqueo millonario de por lo menos Q471.5 millones. Ocho integrantes del Departamento de Finanzas del Ejército, entre los más conocidos, Enrique Ríos Sosa y Moisés Eduardo Galindo Ruiz, fueron acusados por este robo.
El caso duerme engavetado en un juzgado de primera instancia penal de la Ciudad de Guatemala, pero los actores del presente hacen eco de esta historia: habían transcurrido apenas 5 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, en los cuales se convino reducir los recursos del Ejército de Guatemala.
El Congreso de la República reconoció dichos acuerdos desde el año 1996 y, por lo tanto, cuando el Ejército solicitó Q1.6 millardos para 2001 -el doble de su presupuesto- los congresistas aprobaron Q.836.9 millones, un monto acorde con los acuerdos convenidos. Pero para eludir los compromisos contraídos, los dirigentes militares, ya tenían la salida y recurrieron a la fórmula ya bien conocida para la época: las modificaciones presupuestarias. En ese año fueran aprobadas 16 para aumentar el presupuesto de la “defensa nacional” y soslayar el contenido de la Ley de Presupuesto para el año 2001.
La cifra incrementada se gastó en un 99.98%, casi modelo de ejecución presupuestaria. Pero carente de sustento: el Departamento de Finanzas del Ejército emitió 79 certificaciones, acompañadas de su correspondiente detalle, resumen o póliza, por un total de Q.471,5 millones, con las cuales se justificaban gastos que fueron catalogados como asuntos militares de seguridad nacional, por orden del Ministro de la Defensa Nacional, Eduardo Arévalo Lacs.
Vale decir que, en su momento, Arévalo Lacs fue procesado y absuelto, hoy marcha por las calles como candidato a diputado por el distrito electoral de Zacapa, postulado por el partido VIVA, el partido que por cierto acogió al expresidente Alfonso Portillo, también procesado y absuelto por este saqueo.
En aquel lejano 2001, aunque existía una delegación de la Contraloría General de Cuentas en el Ministerio de la Defensa Nacional, se les impidió auditar los gastos de las fuerzas armadas, amparados de que el gasto estaba bajo la protección de secreto militar del artículo 30 de la Constitución de la República. Con esa fórmula, los auditores gubernamentales no pudieran tener acceso a los soportes que amparaban el gasto millonario.
La insistencia de la diputada Nineth Montenegro logró que el Congreso de la República realizara una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad con respecto a los alcances del secreto militar, y mediante la respuesta a 3 preguntas el 8 de marzo de 2005, la Corte de Constitucionalidad abrió el camino para fiscalizar los gastos militares.
Al auditarlos, los contralores establecieron que los egresos carecían de documentos de soporte pertinentes, competentes o suficientes, es decir que nunca se justificaron estos egresos, por lo que se afectó en una suma Q471,5 millones al patrimonio del Estado.
La cifra era coincidente con los 26 cheques emitidos de la cuenta 110321-7 del Departamento de Finanzas del Ejército a favor de Juan José De León Pineda, Jefe de la Subdivisión Financiera de ese departamento. Al retirar los recursos en efectivo, Juan José de León Pineda lo entregaba a la cúpula de Finanzas del Ejército y éstos no los ingresaron ni física ni financieramente a las arcas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Meses después de que De León Pineda declaró sobre los hechos en la Fiscalía Contra la Corrupción, fue asesinado. A la llegada de la CICIG a Guatemala fue uno de los casos investigados, la verdad fue reconstruida y el expediente llegó a los tribunales de justicia.
Se procesó al expresidente y dos ministros, así como a los 8 militares quienes fungieron en puestos de dirección en el Departamento de Finanzas del Ejército. El juicio contra los 8 integrantes de Finanzas del Ejército ha pasado por muchas batallas legales y, a pesar del suficiente sustente probatorio, fue sobreseído por el juez Walter Villatoro. Hasta que después de una serie de impugnaciones, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir a juicio en el año 2014.
Desde entonces, ese proceso está estancado, pero algunos de los actores involucrados ejercen funciones públicas o se postularon a cargos de elección popular.
Esta historia es una muestra de la impunidad que atañe a hechos del pasado y que han afectado al futuro de Guatemala, mantiene actores vigentes que deben evidenciarse como son. Esos candidatos ya traicionaron la confianza depositada en ellos ¿por qué habríamos de confiar de nuevo? Solo al ventilar la información el pueblo puede tener una guía, información mínima, sobre a quiénes no elegir.
