Un grave acto de desobediencia se ha conjurado en el Congreso. Un número importante de Diputados han pactado desatender la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Poco les importa que se trate de la más alta corte del país. Nefasto antecedente ha dejado el ex-presidente Jimmy Morales, quien en varias ocasiones hizo lo mismo: dar la espalda a resoluciones de dicha instancia y al final, no pasó nada en cuanto a repercusiones para él y su camarilla de actores pro-impunidad.
Ahora el escenario es otro, pero buena parte de los actores son los mismos. Retrasar la elección de las Cortes es el objetivo, para alargar la estadía de los actuales magistrados, tanto en la CSJ como en las Salas de Apelaciones; que en muchos casos se han alineado a los intereses oscuros que se gestan desde el Legislativo. Ante ese panorama cómodo, por qué cambiarlos ahora? por qué ceder alguna parte del terreno, tal cual lo demanda lo resuelto por la CC? eso de cumplir con los preceptos del Artículo 113 de la Constitución viene mal para la continuidad de los intereses en juego. Además, como valor agregado, es posible unificar ese proceso con la elección de la nueva cohorte en la Corte de Constitucionalidad. Así, tres pájaros de un tiro y se termina de cooptar el sistema judicial en su conjunto. Recordemos que el paso para meter en la misma ecuación al órgano electoral, ya fue dado.
En el otro lado de la cancha, se comienzan a escuchar las voces de las bancadas de la oposición y otros diputados sueltos que demandan el cumplimiento de la resolución. Saben, no solo la importancia de la elección, sino las implicaciones del no cumplimiento. Este último botón, ya debería estar listo para deducir las responsabilidades por lo que en pocas horas está por suceder. Lo peor que puede pasar, además del desacato, está en que no haya consecuencias. Esa es la carta que están jugando sus impulsores.
Es fundamental elevar las voces para demandar que la elección no solo se dé en tiempo, sino bajo las premisas que la CC estableció con bastante claridad. El procedimiento de elección por parte del Congreso de la República, debe fundamentarse en los principios constitucionales, que exige que las personas nombradas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez. Esto implica, que se deberán excluir del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos. Esto implica que el Congreso deberá analizar los documentos disponibles para determinar si cada integrante de la nómina cumple o no con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.
Dos aspectos incomodan a los diputados que gestan un nuevo capítulo de impunidad: cumplir con el precepto constitucional indicado y elegir de viva voz. Lo primero, porque con ello se desbaratan las negociaciones pre-cocinadas. Aunque los reacomodos no sean mayores, ellos apuestan por todo o todo. En el segundo caso, votar públicamente implica «darse color». No por gusto han levantado el falso argumento que ese tipo de votación llevaría mucho tiempo.
La junta directiva del Congreso, como ha sido habitual en el inicio de la presente Legislatura, juega un papel terrible. Por ello, a estas alturas ni siquiera ha convocado al pleno. El momento actual, dominado por la emergencia sanitaria y el aumento de los casos, juega en favor de esos negociantes perversos. Es preciso aumentar el volumen de las voces ciudadanas; de lo contrario, el resultado lamentable terminaría de confabularse.
Renzo Lautaro Rosal
