El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) rechazaron la persecución y destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval y expresan grave preocupación por el continuo debilitamiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Ambas organizaciones pidieron a las autoridades responsables, «garantizar la independencia del sistema judicial y a restituir de manera inmediata al fiscal Juan Francisco Sandoval con el fin de asegurar la continuidad de las investigaciones de los casos de corrupción e impunidad en el país».
Asimismo, recomendaron a las autoridades guatemaltecas, tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Juan Francisco Sandoval, de sus familiares y la del resto de integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigió Sandoval hasta el pasado viernes 23 de julio.
Aseguraron que la remoción del fiscal Sandoval vulnera la Ley Orgánica del MP, la cual establece que la destitución de un fiscal debe seguir un procedimiento disciplinario interno y debe comprobarse que éste ha cometido una falta grave.
Además, «la resolución de la Fiscal General favorece el mantenimiento de la corrupción estructural que afecta al país, dado que, desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, auspiciada por el expresidente Jimmy Morales, la FECI era la única institución en Guatemala que hacía frente a graves delitos contra la administración pública y la administración de justicia que implican a políticos, funcionarios públicos y empresarios».
También recordaron que la FECI, con Juan Francisco Sandoval al frente, estaba investigando graves casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado, incluida la propia Fiscal General y el Presidente Alejandro Giammattei.
«Por lo tanto, la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte del patrón de ataques, campañas de estigmatización y abuso del sistema penal usado contra todos aquellos operadores de justicia independientes en Guatemala y que tiene por objetivo la creación de un clima de miedo, así como la cooptación del sistema judicial para garantizar la impunidad de las redes criminales que operan en el país», puntualizaron.
