El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la impugnación interpuesta por el partido político Cabal en contra de la inscripción del exdiputado Jaime Antonio Martínez Loaiza, quien se postula como candidato a la alcaldía de Jutiapa por el partido Valor, por falta de idoneidad y honradez.
Según el TSE, dicha impugnación no es procedente, ya que revisaron el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y los antecedentes penales y policíacos de Martínez Loaiza, los cuales “gozan de plena validez y vigencia a la presente fecha”.
Asimismo, aseguró que la Dirección del Registro de Ciudadanos solicitó a los distintos órganos jurisdiccionales y fiscalías del Ministerio Público (MP), que informaran sobre la situación legal del candidato a diputado.
Por su parte, el partido Cabal indicó que la impugnación la presentaron ya que es improcedente la inscripción de Martínez Loaiza porque fue condenado a cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias.
“De conformidad con la ley en materia de probidad, tiene impedimento de optar a cargo público, por no cumplir con los criterios de probidad y honradez; además fue condenado a la pena accesoria de inhabilidad especial para optar a cargo público”, aseguró Cabal.
Sin embargo, el TSE indicó que, “la exigencia constitucional de un trato acorde con el estado de inocencia del procesado hace inviable cualquier restricción a sus derechos con fines sancionatorios o punitivos previo a la emisión del fallo judicial que pueda declararlo responsable de la conducta que se le imputa”.
Y agregó que, “resulta evidente que no existe un pronunciamiento judicial firme que permita a este Tribunal restringir el ejercicio de los deberes y derechos políticos de Jaime Antonio Martínez Loaiza, por lo que, en tanto no exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”.
Martínez Loaiza fue diputado de la Gran Alianza Nacional (Gana) y del Partido Libertad Democrática Renovada (Lider), pero en 2017 fue capturado señalado de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.
Dos años después, fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias a favor de Francisco Morales Guerra, alias “Chico dólar”.
También fue incluido en un informe de corrupción en Centroamérica que remitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su implicación en una estructura de lavado de dinero.
