La agrupación política Semilla aseguró que la solicitud de antejuicio en contra de la diputada Ligia Hernández realizada por el Ministerio Público (MP) es una forma de intimidación de parte de la Fiscal General, Consuelo Porras y de entorpecer la fiscalización que realizan.
Asimismo, aseguraron que la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, no tiene fundamento legal ya que fue realizada por abuso de su cargo al convocar a los secretarios de Política Criminal, contra la Corrupción y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para una citación en la bancada.
«Se nos acusa de abuso de autoridad por citar a funcionarios públicos. Pero la denuncia presentada contra la Bancada no tiene fundamento jurídico, ya que nunca se interfirió en la persecución pública penal», se lee en un comunicado emitido por Semilla.
Además, recordaron que según la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, «el Congreso puede citar a cualquier funcionario en el desempeño de sus labores. Sin embargo, los citados del MP nunca se presentaron».
Dicha citación estaba agendada para el pasado 15 de febrero con el objetivo de abordar el cumplimiento de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el referido comunicado, Semilla recordó que Porras ha ejercido persecución penal injustificada en contra de líderes comunitarios, defensores de territorios, fiscales, periodistas y jueces, y ahora lo hace en contra de políticos de oposición.
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que siempre actúa de conformidad con la ley en cumplimiento a su mandato legal y constitucional.
«Cumplir con su función jamás puede considerarse intimidación ni entorpecimiento de la fiscalización pues nadie es superior a la ley y todo guatemalteco está sujeto al imperio de la ley», aseguró el ente investigador por medio de su cuenta de Twitter.
Y agregó que, «si alguien no está de acuerdo con alguna acción, se tiene el derecho de hacer uso de los mecanismos legales de impugnación establecidos en ley, en respeto al debido proceso».
