Luego de varias críticas al Decreto 39-2022 que contiene la Ley contra la Ciberdelincuencia, el Congreso de la República aclaró que no pretende violar los derechos de la libertad de expresión y otros que otorga la Constitución en esta materia.
La referida Ley fue aprobada el pasado 4 de agosto por 100 diputados, pero ha sido señalada de censura y de atacar legalmente a opositores.
Por su parte, el Legislativo, en su cuenta de Twitter defendió la ley aprobada, pues resaltó que en su Artículo 19, que trata sobre el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, no se aplica en casos de libertad de expresión.
«Artículo 19: Se excluyen de la aplicación de este artículo, los casos de libertad de expresión reconocidos en tratados y convenciones de los que Guatemala forme parte, en materia de DD.HH. y los derechos que otorga expresamente la Constitución Política”, se lee en la publicación.
Sin embargo, quienes se oponen a la Ley aseguran que bajo los delitos de la ciberdelincuencia se esconde la intención de no permitir críticas en redes sociales a políticos.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) señaló que en el artículo 19 de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso y en su artículo 9 a las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información.
El Decreto 39-2022 aún no entra en vigencia porque el Congreso no lo ha enviado al Organismo Ejecutivo, pese a ya haber cumplido los 10 días para hacerlo y luego el Presidente tiene hasta 15 días para sancionar o vetar la Ley.
