Ciudad de Guatemala, 2 jun (EFE).- El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval afirmó que el financiamiento electoral es la raíz de la cooptación del Estado en el país, lo que desemboca en el pago de «favores» por parte de funcionarios al llegar al poder.
Sandoval, quien lideró una histórica lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2021, recordó que el «génesis» de los problemas que afronta la «frágil democracia» nacen del «financiamiento» de los partidos políticos.
«Existe una falta de control a la financiación de las campañas políticas, lo que hace proclives a que quienes desempeñen la función pública puedan conducir sus conductas al pago de favores», puntualizó desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliado desde julio de 2021.
Las palabras del abogado se registraron durante un conversatorio en línea organizado este miércoles por la noche por la agrupación política de oposición Semilla, que cuenta con 6 diputados de 160 escaños.
La afirmación de Sandoval sobre el financiamiento político fue una de las conclusiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante sus últimos años de mandato en Guatemala.
UN SISTEMA «DISFUNCIONAL»
El legislador de Semilla Bernardo Arévalo de León, presente en el evento, puntualizó que el actual sistema político guatemalteco se encuentra «en este momento totalmente disfuncional en la medida en que está hecho» para beneficio de quienes tienen como objetivo su «beneficio personal».
El pequeño foro de este miércoles, denominado «La lucha contra la corrupción desde el Congreso, la sociedad civil y el exilio», contó además con la participación de la periodista Ana Carolina Alpírez.
En opinión del ex fiscal anticorrupción, las agrupaciones políticas en Guatemala deben jugar «un papel» trascendental en el que se constituyan como «vehículos» para «combatir la corrupción».
Sandoval llevó a cabo una histórica lucha anticorrupción entre 2014 y 2021, en la que imputó a más de 200 funcionarios y miembros de la élite empresarial.
Sin embargo, Sandoval fue removido en julio de 2021 de su cargo como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por decisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
Dicha decisión provocó que en septiembre de 2021 Estados Unidos le removiera la visa a Porras y la acusara de «obstruir» la justicia en casos de alto impacto.
Pese a la sanción de Estados Unidos, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, reeligió el 16 de mayo pasado en el cargo a Porras por cuatro años más.
Sandoval expuso este miércoles además que durante la lucha anticorrupción en Guatemala faltó «un acompañamiento político» para que se instalaran «las reformas necesarias» para combatir la corrupción.
La reelección de Porras el pasado 16 de mayo le valió a Giammattei diversos cuestionamientos desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos y la Unión Europea.
«La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala», resaltó el 17 de mayo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
El funcionario estadounidense subrayó que como fiscal general, Porras «obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido».
Al menos 24 operadores de la justicia de Guatemala, entre exfiscales y exjueces, se encuentran en el exilio debido a la persecución judicial por parte de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, según afirmó en mayo la ex fiscal general (2014-2018) Thelma Aldana.
