Las organizaciones Acción Ciudadana, Capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, CONGCOOP Punto Focal de FCA, ICEFI, ALAS DE MARIPOSA, ASOCIACIÓN LAMDA, INSTITUTO DEMOS y REDNACTP, presentaron los resultados del informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” suscrito en la VIII Cumbre de las Américas 2018, en el que señalan que Guatemala incumple con los compromisos anticorrupción asumidos en dicha cumbre.
El informe revela que no existen avances para fortalecer la gobernabilidad democrática del país; por el contrario, la falta de independencia judicial, el cierre de espacios para las organizaciones civiles, las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la inexistencia de políticas anti corrupción, son la base para colocar a Guatemala junto a otros países que comparten un deterioro en sus democracias.
Además, el informe señala una marcada tendencia a la opacidad, el poco respeto a la Ley de Acceso a Información Pública, la criminalización a grupos ciudadanos que realizan auditoría social, el ataque sistemático a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la inexistencia de una ley que proteja a denunciantes, testigos e informantes de corrupción, “evidencian el retroceso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción”.
Asimismo, indica que aunque se valoran algunas reformas en materia de control al financiamiento de campañas políticas, su implementación ha sido parcial y prácticamente inútil para frenar el ocultamiento del financiamiento ilícito o irregular. “La debilidad del órgano electoral en términos de independencia e incluso retrocesos en la implementación de controles y regulaciones, siguen siendo tareas pendientes por superar”.
El sistema electrónico de compras y contrataciones (Guatecompras) continúa siendo una vitrina que ofrece información relevante pero sin llegar al objetivo de convertirse en una plataforma transaccional. “Prácticamente son inexistentes las cláusulas anti corrupción en las contrataciones del Estado, considerando que la obra pública constituye una de las áreas más afectadas por el fenómeno de la corrupción” refiere el informe presentado por las organizaciones.
Agrega, que los esfuerzos investigativos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público dirigida en su momento por Juan Francisco Sandoval, han permitido investigar y juzgar casos de corrupción transnacional y, además, propiciar el embargo preventivo y la extinción de dominio de bienes obtenidos producto de la corrupción. “Lamentablemente, la destitución de Juan Francisco Sandoval impactará negativamente en el avance del mandato, dejando en entredicho el compromiso del Estado de combatir frontalmente la corrupción en Guatemala”.
Ante ello las organizaciones recomendaron: Garantizar la autonomía e independencia judicial y fiscal para promover el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en casos de corrupción.
Garantizar la participación de pueblos indígenas, mujeres y grupos vulnerables con criterios de equidad e igualdad de género, etnia y participación en la construcción de políticas anticorrupción.
Garantizar el acceso a la información pública y la auditoría social para que esta no sea criminalizada como ha venido sucediendo, y abordar las medidas para enfrentar las amenazas que existen contra la integridad o la vida de quienes ejercen este derecho humano.
Garantizar la independencia política y financiera de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (garante del Acceso a Información Pública del país) y el traslado de los recursos públicos que le adeudan a dicha entidad. Fortalecer las medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas de organizaciones y partidos políticos.
Fortalecer el sistema electrónico para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, para transitar a una plataforma transaccional que asegure la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
Garantizar la independencia fiscal y el seguimiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y los procedimientos de cooperación internacional y extinción de dominio.
