Organizaciones internacionales de Derechos Humanos exigieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumplir lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y cesar la persecución contra el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez.
También condenaron las amenazas y los ataques en contra del togado por parte de la Fundación contra el Terrorismo y grupos de exmilitares “que buscan impunidad por los crímenes atroces que se cometieron durante el conflicto armado interno”, indicaron por medio de un comunicado.
“El hostigamiento penal en su contra viola los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, los cuales garantizan la inmunidad de los jueces por acciones legítimas realizadas en el ejercicio de sus funciones judiciales”, agregaron.
Además, aseguraron que la denuncia en contra de Gálvez presentada por la Fundación Contra el Terrorismo se basa en hechos falsos y carecen de fundamento, pues no solo hace referencia a personas cuyos procesos jamás estuvieron a cargo del juez, sino que además no se adjunta ninguna evidencia documental para sustentarla, como lo exige la ley.
Señalaron que la normativa aplicable requiere que la denuncia sea presentada por quien le consten directamente los hechos, y la Fundación contra el Terrorismo no es parte de ninguno de los casos denunciados.
“Pese a estas graves deficiencias, que evidencian el carácter espurio de la denuncia, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio y nombró como pesquisidor al magistrado Roaldo Chávez, quien citó al juez Gálvez para este viernes 4 de noviembre para presentar sus pruebas de descargo”, recordaron las Organizaciones internacionales.
Sin embargo, remarcaron que existen dudas sobre la imparcialidad del pesquisidor porque es excompañero de estudios del abogado Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo.
Cabe resaltar que el juez Gálvez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2016 y con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de julio de este año.
La Corte IDH ordenó al Estado de Guatemala reforzar las medidas de seguridad del juez, proteger su independencia judicial y garantizar justicia a las familias de las víctimas del Caso Diario Militar. Sin embargo, el Estado de Guatemala sigue sin acatar dichas medidas, ni investigar el origen de las amenazas para procesar a los responsables, además de permitir que continúen las diligencias de antejuicio en contra del juez, señalaron.
“Por tal razón, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala cumplir con la resolución de la Corte Interamericana y cesar la persecución en contra del juez Gálvez, reforzar las medidas de seguridad para el juez y su familia, y asumir la responsabilidad de proteger la independencia de los jueces y las juezas frente a los ataques de personas y grupos que solamente buscan socavar la justicia”, puntualizaron.
