Stuardo Campo, titular de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), informó que hoy se desarticuló una estructura criminal que se dedicaba a defraudar a varios exfuncionarios y empleados públicos que habrían sido denunciados por la Contraloría General de Cuentas por la comisión de actos ilícitos ofreciéndoles “asesoría jurídica” para resolver las denuncias.
Según la investigación realizada por la Fiscalía, los miembros del “Bufete Abogados VIP” contactaban a las víctimas por medio de correos electrónicos en los que ofrecían servicios incluyendo números telefónicos para concertar citas presenciales, en donde les amedrentaban indicado que tenían graves problemas legales e incluso órdenes de captura en su contra.
“Al concretar las citas, solicitaban fuertes sumas dinerarias a cambio de ejercer su supuesta influencias sobre funcionarios, jueces o fiscales, así como altas autoridades del Ministerio de Gobernación para supuestamente solventaran su situación” señaló Campo.
Además, informó que dicho grupo delictivo captaba a sus víctimas en la página web de la Contraloría General de Cuentas. Otra de las modalidades usada por la estructura criminal era mediante llamadas a la Fiscalía contra la Corrupción a través de las cuales, amenazaban e intimidaban a los auxiliares fiscales para que se desestimaran determinadas denuncias.
Según la Fiscalía Contra la Corrupción, este grupo delictivo intentó desestimar una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas tramitada en la actualidad por dicha Fiscalía, intentando coaccionar a los fiscales amenazándoles con adoptar represalias en su contra, de no acceder a la resolución de la denuncia.
Campo señaló que este caso es importante ya que las acciones ejecutadas por este grupo causan agravios a la administración de justicia ya que podrían haber debilitado la credibilidad de las instituciones en el momento en que las victimas podrían creer que el “Bufete de Abogados VIP” dio sobornos a fiscales, jueces o policías a cambio de desestimar casos o anular órdenes de captura.
Por este caso se sindica a Rommel Francisco González Pinto y Nancy Noemí Aquino Montenegro, quienes fueron capturados durante las diligencias de allanamiento en la zona 11 de la ciudad capital, a estas personas se les imputará los delitos de tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones.
Durante las dos diligencias de allanamiento fueron ejecutadas dos órdenes de aprehensión, así como la incautación de aparatos telefónicos, computadoras, dispositivos y documentos de relevancia para la investigación. La investigación continúa abierta y se analiza amenazas que este grupo criminal pudo haber realizado en contra de otras fiscalías.
