Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, escribió un interesante análisis titulado Más allá de Pedro Castillo: las raíces de la crisis peruana, reproducido por el diario venezolano El Nacional el 14.12.2022. Dejando de lado la parte relativa al caso inmediato del golpe de Estado, me parece que el ensayo contiene algunos pasajes aleccionadores –y hasta proféticos ¿por qué no decirlo?— para la vida política de Guatemala que se justifica recoger. ¿Quién con una luz se pierde?
«Pedro Castillo –dice Malamud– ha sido la mejor constatación de que, en muchas ocasiones, votar por el mal menor cristaliza en un mal mayor. Los peruanos huyeron en los años ochenta-noventa del siglo pasado del ajuste neoliberal personificado por Mario Vargas Llosa para caer en los brazos autocráticos de Alberto Fujimori. Al final, no sólo tuvieron un ajuste muy duro, sino también, después del autogolpe de 1992, un régimen autoritario que desembocó en una dictadura feroz y corrupta. […] Por si fuera poco, Castillo carecía de la experiencia de gestión, de la capacidad política y de las habilidades y herramientas necesarias para garantizar la gobernabilidad del país. De ahí que en tan solo 16 meses en el cargo, Castillo tuvo cinco gabinetes, integrados por más de 70 ministros. Su pirueta final ha venido a dar la razón a Karl Marx cuando, refiriéndose a otro autogolpista (en este caso con éxito, como Luis Napoleón Bonaparte en 1851), afirmaba que la historia se repite, la segunda vez en forma de comedia. El intento de autogolpe de Castillo ha sido lisa y llanamente una farsa.»
Especial atención merecen estos conceptos para nuestra realidad: «Pedro Castillo es sólo la punta del iceberg de diversos problemas estructurales que afectan seriamente al Perú. En este contexto sólo es previsible la imprevisibilidad, convertida en la nueva norma política. El país carece de un sistema de partidos políticos capaz de canalizar las demandas ciudadanas. En su lugar se encuentra una clase política incapaz de ir mucho más allá de sus intereses particulares y de mirar por el interés general. […]. La debilidad de los gobiernos en el poder desde 2016 responde a problemas de liderazgo […], pero también a un sistema basado en partidos que representan intereses sectoriales o personales, incapaces de respaldar al gobierno desde coincidencias programáticas o políticas. En su lugar, la norma aplicada desde el Parlamento es el chantaje permanente a los presidentes. Se trata de un sistema hiperfragmentado, en el cual la polarización y la crispación política (fujimorismo frente a antifujimorismo y derecha frente a izquierda) han convertido al país en un ente claramente ingobernable. […] Lo que ha venido después, la extrema división propia de los diferentes períodos legislativos ha provocado situaciones sorprendentes. Una de ellas […] supuso que uno de los partidos más votados (aunque sin llegar al 10% de los sufragios) fuera una formación vinculada a un grupo fundamentalista religioso radicado en la Amazonía.»
De especial importancia para Guatemala considero también estas otras reflexiones: «Carlos Menéndez subraya que en el Perú hay un problema político profundo y estructural donde “las identidades negativas (el anti)… generan un problema de representación política. Si los peruanos (como los ciudadanos en otras partes del continente) siguen votando en contra de alguien (y no a favor de un candidato), el vínculo electoral de ‘representación’ que construyen termina el día de la derrota en las urnas del político o partido rechazado. Pero luego, no se generan ni compromisos ni incentivos para continuar apoyando al beneficiario temporal del apoyo. […]. Toda esta situación no es gratuita y tiene consecuencias más allá de la vida política. La idea, tantas veces sostenida, de que en el Perú la economía y la política pueden ir por vías paralelas es una teoría que ya muy pocos comparten y que no se sostiene en la realidad. Que el país pueda crecer a ritmos chinos en medio del lodazal político hace tiempo que dejó de ser verdad. Es cierto que el Perú evitó caer en el decrecimiento económico, pero su expansión (en torno al 2%-3% anual) es claramente insuficiente para canalizar las demandas sociales. Además, el fantasma de la inseguridad jurídica (Castillo promovía una reforma constitucional y tenía un claro sesgo antiminero, antiextractivista, en sus políticas públicas) alejó la posibilidad de atraer nuevas inversiones extranjeras. Luis Pasara señala acertadamente que “el país continúa profundizando una crisis que, de ser política, se ha contagiado a la economía debido a la falta de crecimiento de la inversión y un posible decrecimiento de la producción minera, asediada por conflictos sociales que no encuentran en el Estado una instancia eficiente de resolución. […]»
«La debilidad perenne de los gobiernos de Perú ha provocado que desde la década de 1990 no se impulsen nuevas reformas estructurales, lo cual ha lastrado a una economía que es menos competitiva, menos productiva y basada en la informalidad. […] Como dijo recientemente una misión de la OEA que visitó el país […] el Perú necesita a corto plazo una tregua política que ponga fin a un sexenio de ingobernabilidad y polarización como base desde la que construir el diálogo. Nada garantiza que el país alcance la estabilidad, pero la premisa es la tregua y el diálogo.»
¿Cuál es el futuro para los guatemaltecos? ¿Nos estamos aproximando velozmente a una crisis de gobernabilidad? Malamud, en punto a la realidad peruana concluye con una severa advertencia –de especial gravedad para los guatemaltecos. Dice, a título de conclusión, que: «el autogolpe fracasado de Pedro Castillo lanza un doble mensaje. Positivo porque muestra que las instituciones democráticas, pese a sus deficiencias, funcionan, tienen capacidad de acción (el Congreso) y cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, el apoyo popular y de la opinión pública hizo evidente la soledad del presidente, que se lanzó a la aventura sin el suficiente respaldo ciudadano ni de los medios de comunicación. La contracara negativa es que lo ocurrido en el Perú anuncia un tiempo de amplia y quizá generalizada crisis de gobernabilidad y de las democracias en una América Latina que ve cómo emergen gobiernos dictatoriales (Nicaragua) y autoritarios (El Salvador), así como nuevas alternativas populistas y de corte bonapartista que se nutren del extendido malestar ciudadano y se alimentan de un ambiente de crispación y polarización. Evitar que esa tendencia se expanda requiere, tanto en el Perú como en otros países de la región, grandes acuerdos y consensos sociales e interpartidarios muy difíciles de lograr. Sin embargo, son necesarios para acometer las reformas necesarias para reforzar la institucionalidad, dotar a la justicia de herramientas para combatir la corrupción y posibilitar la formación de partidos estructurados, de ámbito nacional, y menos vinculados a liderazgos personalistas. También se precisa reformar el sistema político para que incentive la gobernabilidad y aporte seguridad jurídica. […].»
