La situación humana que se esta viviendo en la región centroamericana ha llevado a miles de personas a tomar decisiones de migrar en busca de mejorar su situación de acceso a la alimentación y de acceso a servicios básicos que demanda la vida contemporánea. Sus familias viven tragedias en los campos de bienestar económico, salud, trabajo y vivienda. La instalación de un sistema económico radicado en le exclusiva explotación de los bienes naturales y la extracción de estos sin ningún tipo de ventaja para las comunidades, así como el desastre ambiental que generan, dejan a esta región con más pobreza.
La corrupción y el uso del poder contra quienes levantan su voz contra ella, tales como periodistas, defensores de territorios, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, entre otros, es cada vez más evidente y lleva a las estructuras mafiosas a apoderarse de los espacios políticos para complacer a ciertos grupos de personas con intereses particulares.
Leer el artículo 1 de la Constitución de Guatemala es más bien un verso poético en donde el bien común solo es la descripción del conjunto de necesidades que tiene una persona. Decir que el estado se organiza para proteger a la persona y a la familia son el inicio de una novela con finales tristes.
Funcionarios y gobiernos incapaces de dar respuestas a corto plazo son el resultado de un sistema político que solo existe para aprovecharse del estado y enriquecerse, es decir, no cuenta con verdaderas agendas de desarrollo, atención estratégica de problemas y el abordaje real de las condiciones de vida de nuestra población centroamericana. Ante ello sus respuestas son de tipo autoritario, represivo, a golpes, justificando su reacción colérica en argumentos bastante pasados de años y sosteniendo modelos de un pasado cuestionado.
¿Qué hacer? Cualquiera que de una respuesta apresurada puede atinar en algunos puntos, pero esto requiere de un abordaje político internacional y, siendo así, la propia Constitución de Guatemala le da las herramientas al gobierno para que lo promueva. Basta ver el artículo 150 y 151 que orienta al Estado a buscar a la comunidad centroamericana para en cooperación buscar las estrategias políticas y económicas, a su vez, a que en situaciones similares se encuentren soluciones que permitan salir de las mismas de forma conjunta.
Así, el uso de militares y declaraciones de estado de sitio no soluciona nada, solo encubre la problemática real. Además, la memoria de seguridad de ese país enseña que los militares no deben atender estas situaciones, de lo contrario podrían terminar con otra unidad procesada penalmente, como sucedió en Totonicapán en el año 2012. Estos son temas de uso de la fuera policial, la cual debería de tener todas las unidades adecuadas para intervenciones de negociación, siendo exhaustivas en la búsqueda de métodos que no conllevan el uso de la fuerza.
De nuevo, Estados Unidos nos sacó ventaja abordando el tema de migrantes de forma bilateral y nosotros caímos en ese juego. Tuvimos y tenemos que abordar estos temas de forma regional, integrando a México como pueblo que comparte muchas de nuestras situaciones sociales y de migración.
Hago votos porque los gobiernos de la región, no me refiero al SICA, ni al PARLACEN, si no, a los gobiernos ejecutivos, se reúnan y podamos asumir compromisos regionales mediante un diálogo sostenido en conferencias que nos den estrategias para atender la realidad económica y social de nuestros pueblos y, además, para atender el derecho humano a migrar y los derechos humanos de los migrantes.
