Vivimos en tiempos de retroceso en diversos ámbitos, especialmente en lo atinente a la protección de derechos de los guatemaltecos, circunstancia reflejadas en la utilización de las instituciones del sistema judicial para impulsar la desacreditación de los operadores de justicia que lucharon contra la gran corrupción. Las instituciones y circunstancias, son empleadas como motor para la legitimación de un perverso régimen que, busca la permisión total de la impunidad.
En pro de la validación de la administración gubernamental y la descalificación de los operadores de justicia criminalizados, se fabrican sin ningún empacho, narrativas que, trasladadas por vía de las redes sociales, pretenden equiparar a los ex funcionarios con los corruptos a quienes su trabajo señalaba.
Se impulsa una agenda, que logre calar en el imaginario público y se distorsione el prestigio del que gozan por la labor ejecutada en su tiempo, en el sector justicia.
Como expuse en una publicación anterior, el Ministerio Público no explicó ante la opinión pública el caso Asodefir, arguyendo la reserva de las actuaciones; pero, ese no fue obstáculo para despotricar en mi contra por un supuesto retraso en la investigación, y bajo la utilización de un planteamiento calumnioso, a más de 10 meses de mi salida de la fiscalía, se pretende endosar responsabilidades por la desidia en la actuación de la actual FECI.
En igual sentido, la campaña de deslegitimación articulada entre el MP, el Ejecutivo y un mercenario de la información en contra de 5 ex funcionarios del sector justicia.
En un explosivo comunicado, el pasado 5 de mayo, la fiscalía aportó noticias para estigmatizar a dichos ex servidores públicos y, violando un sinnúmero de derechos humanos, en forma temeraria consignó afirmaciones: “(…) no descartan la existencia de un macro caso que vincule distintos hechos (…)”, “(…) el Ministerio Público ha requerido (…) información de documentos y flujos de dinero de distintas cuentas bancarias (…) que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos”.
En seguimiento de la campaña de desprestigio, a partir del 10 de junio recién pasado, inició a circular el podcast del activista republicano Jason Poblete, en entrevista con el gobernante. El funcionario guatemalteco, sin explicar de qué manera maneja información que sería exclusiva del poder judicial, afirmó que viajaría a Estados Unidos a presentar pruebas contra fiscales exiliados: “Allá tenemos ex fiscales que cometieron delitos aquí en Guatemala y están demostrados”.
La publicación periodística que debió completar este ciclo para desprestigiar a los operadores de justicia criminalizados, es la falacia disfrazada de reportaje presentada la semana anterior, en la publicación denominada “Primer Informe”, publicación que, utilizando datos falaces, pretendía demostrar que los 5 ex operadores judiciales, condensan una fortuna que supera los 15.5 millones de dólares de los Estados Unidos.
La supuesta investigación resultó un fiasco por los datos falsos y errados que no hicieron más que dejar en ridículo a quienes intentaron posicionarla, y tanto los detractores de los funcionarios exiliados y sus “netcenter”, intentaron rescatar algo de la investigación y corregirla, pero no lo consiguieron.
Al plan de desprestigio se suman otros indicios, como la publicación del reportaje difamador en la página oficial del MP, y eliminado unos instantes después. Pese al registro que quedó de la publicación borrada, la fiscalía no reconoció el incidente.
Esta campaña de descalificación contra los ex funcionarios ha fracasado, pero la misión para desprestigiar continuará, como lo ha anticipado el actual jefe de la FECI, pero no apagarán nuestras voces.
