El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó al Congreso devolver a la Comisión de Finanzas la iniciataiva 6141 que contiene la Ley de Adquisiciones Públicas, pues no se realizaron los estudios y análisis pertinentes que requiere.
“Sin discusión técnica adecuada, este trámite parlamentario tan acelerado alimenta la desconfianza hacia el oficialismo, ya que la alianza oficialista de esta legislatura tiene antecedentes muy graves de tácticas parlamentarias ilegítimas y equivocadas”, indicó el Icefi.
Esto porque dicha propuesta de ley fue conocida por el Pleno y trasladada a la Comisión de Finanzas el 21 de septiembre, y tan solo dos días hábiles después, recibió el dictamen favorable, “un plazo a todas luces demasiado corto para discutir una propuesta de esta magnitud e importancia”, aseguró.
“Para el Icefi, sin un análisis técnico profundo y minucioso, acompañado de explicaciones por parte de las autoridades del Ejecutivo, los ponentes de la propuesta, la aprobación de esta iniciativa de ley es peligrosa, especialmente por las propuestas que se han identificado ya como preocupantes o cuestionables”, explicó por medio de un comunicado.
Asimismo, evidenció que no existe un esfuerzo de reforma estructural, que tenga por objetivo lograr acciones integrales para un sistema nacional de adquisiciones públicas, incluyendo los desafíos del servicio civil, el fortalecimiento del personal de unidades de compras, los procesos de planificación para que los planes compras se definan a partir de evaluar las necesidades, o la aprobación de una ley de competencia, para subsanar fallas en mercados privados como los de medicamentos o de contratos de obra pública.
Por tal razón, el Icefi recomendó al Congreso de la República devolver a la Comisión de Finanzas la iniciativa 6141, y de esta forma realizar los análisis y estudios adecuados.
“Para el efecto, debe permitirse la participación de todos los sectores interesados, con capacidad de análisis y formular recomendaciones técnicas, incluyendo a la sociedad civil organizada, centros de pensamiento, academia y sector privado empresarial. La discusión de una ley tan importante debe ser transparente, técnica, abierta e inclusiva”, puntualizó.
