Las organizaciones miembros del Foro de ONG Internacionales en Guatemala (FONGI) expresaron su “alta preocupación” por la sentencia dictada en contra de la extitular de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, asegurando que tal resoución, sienta un precedente peligroso para la independencia del Sistema de Justicia y el debilitamiento del Estado de Derecho en Guatemala.
“Todo Estado debe garantizar procesos legales independientes e imparciales propios de un Estado de derecho”, aseguró el FONGI por medio de un comunicado.
Asimismo, recordó que en febrero del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un llamado de alerta sobre la «criminalización y persecución en contra de jueces, fiscales y exfiscales independientes de Guatemala, haciendo ver que la independencia judicial puede estar en juego, por la persecución hacia varios operadores de justicia que participaron activamente en la debelación de casos emblemáticos de corrupción.
Además, la CIDH le recordó al Estado: «la obligación de proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos e investigar a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionarlos efectivamente», ya que, si eso no ocurre, se puede ver gravemente afectada y obstruir el acceso a la justicia para todos los ciudadanos guatemaltecos.
“EI FONGI, celebra las declaraciones del portavoz principal para los asuntos externos de la Unión Europea y el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde expresan su preocupación por la sentencia en contra Virginia Laparra y señalan lo preocupante que para un Estado puede ser el debilitamiento de la independencia de los operadores de justicia y del Estado de Derecho”, aseguró.
Y explicó que, hasta ahora, los procedimientos seguidos por personas y organizaciones vinculadas con violadores de derechos humanos, para inhabilitar a operadores de justicia, periodistas y prensa independientes, ha sido presentar un número desmedido de denuncias, hasta llegar a la solicitud de orden de captura, que generalmente va de la mano con la declaración de procedimientos «bajo reserva judicial»‘, situación que impide poder realizar la defensa de los imputados, como lo han señalado personas operadoras de justicia independientes que han tenido que salir al exilio.
“Instamos a la comunidad internacional, a pronunciarse ante la situación que están afrontando quienes defienden y promueven la justicia en Guatemala, así como, a dar seguimiento a esta situación identificando a los actores responsables de la vulneración del Sistema Democrático y sus consecuencias en las relaciones internacionales”, puntualizó el Foro.
