El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy un nuevo listado de actores corruptos y antidemocráticos en el que incluye a cuatro guatemaltecos entre los que figura la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Silvia Patricia Valdés y tres fiscales del Ministerio Público (MP).
Este informe publicado en el Registro Federal, identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, involucradas en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, que no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos.
Según el Departamento de Estado, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, por socavar procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos.
En tanto que a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, por socavar procesos o instituciones democráticas al dirigir una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.
Al fiscal Noe Nehemías Rivera Vásquez, por socavar procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.
Y contra del fiscal Pedro Otto Hernández González, por socavar procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.
“La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica generan inestabilidad e impulsan la migración irregular. Trabajamos para promover, preservar y restaurar las normas democráticas para construir un hemisferio más resiliente, equitativo y próspero. Logramos esto aprovechando un conjunto diverso de herramientas de rendición de cuentas”, manifestó el Departamento de Estado.
Asimismo, hizo un llamado a todos los líderes gubernamentales, la sociedad civil, los periodistas, el sector privado y la comunidad internacional a unirse para fortalecer la gobernabilidad democrática y poner fin a la corrupción.
