El Ministerio de Gobernación publicó este lunes en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 157-2021 que contiene el Reglamento de reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG), asegurando que el mismo es para cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley que regula las ONG.
El reglamento se refiere a la supervisión y fiscalización de los recursos públicos que manejan estas organizaciones para que sus actividades se desarrollen con transparencia y conforme a la ley y al principio de máxima publicidad.
Los libros de inventario, diario, mayor y estados financieros, serán habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mismos que se podrán llevar de forma electrónica con previa solicitud del representante legal, se lee en el referido Acuerdo.
Asimismo, establece que las ONG deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) el monto, procedencia y destino de donaciones o financiamientos de fuente externa, así como la demás información que esa carta requiera en el formulario que se ponga a disposición para este fin.
También establece en su artículo 20 que el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas, “ejercerán vigilancia sobre las ONG conforme a sus funciones, atribuciones y competencias”. Y si llegaran a observar actos que afecten al orden público, “deberán informar a las instituciones respectivas y presentar las denuncias correspondientes conforme al ordenamiento jurídico”.
La Contraloría General de Cuentas fiscalizará las acciones, gestiones y operaciones de las ONG para determinar el cumplimiento de los fines y objetivos a los cuales se hubieren asignado fondos que provengan de los recursos públicos. “Para el efecto, evaluará y determinará si dichas acciones, gestiones y operaciones, así como los contratos y convenios que realicen, se ajustan a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas vigentes”, indica el reglamento.
El pasado 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional algunas de las disposiciones del Decreto 4-2020, de la Ley de ONG, en seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, excluyendo las palabras “fiscalización” y “control” en los artículos relacionados con la potestad otorgada a las autoridades, así como la cancelación de las Organizaciones por razones administrativas.
Por su parte, Alianza por las Reformas aseguró que pese a la resolución de la CC, continúa la criminalización de las ONG, ya que la ley que pretende regularlas, “violenta principios y derechos constitucionales”.
