Alianza por las Reformas realizó un análisis legal sobre la suspensión provisional de algunas disposiciones de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asegurando que dicha suspensión no es suficiente y sugiere a las organizaciones de todo tipo pronunciarse ante esta Ley que “violenta principios y derechos constitucionales”, ya que sigue la criminalización a las organizaciones.
Recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió las palabras relacionadas al control y a la cancelación inmediata de organizaciones no gubernamentales sin proceso previo, asegurando que esas reformas “eran planteadas como mecanismo de coerción, venganza o excesivo control contra las organizaciones que no fueran del agrado de determinados funcionarios públicos de turno”.
Sin embargo, indicó que existen otros artículos dentro del Decreto 4-2020, que evidencian abuso de poder, controles desmedidos y criterios discrecionales que pueden atentar contra los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos, como lo es el artículo 4, que limita el derecho de libertad de acción y asociación que permiten a los ciudadanos dedicarse a aquello que consideren correcto y legítimo, siempre y cuando no se encuentre prohibido en la ley.
También expresaron su rechazo ante la creación de un nuevo registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que indican que ésta no es la función de dicho Ministerio, en el contexto de un Estado republicano, además de contemplar excesivos requisitos que no son ni siquiera considerados en sus países de origen.
Indicaron que dichas reformas mantienen la discrecionalidad en la utilización del término de «alteración del orden público» como motivo para la cancelación de las ONG por parte del Ministerio de Gobernación, acción que le correspondería al Ministerio Público (MP).
“La CC tiene la obligación de expulsar del ordenamiento jurídico este tipo de normativas propias de estados autoritarios que buscan gobernar silenciando la crítica y la oposición, pretendiendo controlar y amedrentar a las personas individuales o jurídicas que les resultan incómodas”, indicó Alianza por las Reformas.
Asimismo, hicieron un llamado a las organizaciones de todo tipo (asociaciones, fundaciones, tanques de pensamientos, cámaras empresariales y cualquier otro tipo de organización) para “pronunciarse de manera contundente ante esta ley que violenta principios y derechos constitucionales que tanto sacrificio y esfuerzo le han costado al pueblo de Guatemala”.
