Diversos sectores, entre ellos, empresarial y misiones de observación han expresado su rechazo ante la cancelación de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, que fue solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otorgada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal a cargo de Fredy Orellana.
Todos han recordado que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el párrafo final del artículo 92, el cual dice textualmente que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado».
La Misión de Observación de la OEA externó su profunda preocupación por la judicialización de este proceso electoral, así como los intentos de no respetar la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 25 de junio. Al mismo tiempo, expresó que “el tono inapropiado empleado por el juez penal al dirigirse al TSE pasa por alto que ésta es la máxima autoridad electoral y que goza de autonomía e independencia para cumplir con sus funciones constitucionales”.
Por ello, hizo un llamado a que todas las instituciones, con estricto apego a las normas legales, brinden las garantías necesarias para que quienes compiten en la segunda vuelta puedan hacerlo en igualdad de condiciones y para que la ciudadanía concurra libremente a expresar su voluntad soberana.
Asimismo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea indicó que este proceso en contra de Semilla, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Y exhortó al cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo, en las elecciones del 20 de agosto, con los candidatos que los ciudadanos han querido que pasen a la segunda vuelta presidencial.
Por su parte, la Cámara del Agro resaltó que es imperativo respetar y proteger el sistema de elecciones libres y democráticas en el país, y que los guatemaltecos estamos llamados a defender los fundamentos del sistema democrático de la República de Guatemala, mientras que la Cámara del Comercio resaltó que “no compete a los Tribunales Ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal Supremo Electoral”.
Respecto a la coyuntura que se vive en el país, el CACIF se declaró en sesión permanente y convocó a sus órganos de gobernanza del sector privado a indicar sobre decisiones y acciones que deben seguirse.
Mientras tanto, la Alianza por las Reformas hizo un llamado a la sociedad guatemalteca a estar informada y que exigieron a las autoridades electorales que en aplicación del artículo 156 de la Constitución Política no obedezca la orden a todas luces ilegal del Juez séptimo penal, Fredy Orellana que pretende cancelar la personalidad jurídica del partido político Semilla.
“Resulta imprescindible que todas y todos los ciudadanos guatemaltecos nos unamos y defendamos con nuestras voces y en las calles el último bastión de esperanza que queda en nuestro país, porque estamos a la puertas de la absoluta destrucción institucional y la consolidación del régimen cleptocrático dirigido por el Presidente Alejandro Giammattei”, se lee en un comunicado de Alianza por las Reformas.
Y en su pronunciamiento, el Movimiento Pro Justicia señaló que Curruchiche y Orellana han llegado al extremo de pretender un cambio de candidatos presidenciales de resultados, mediante una acción judicial que altera el orden constitucional, agravia las funciones que corresponden al Tribunal Supremo Electoral y, en un claro abuso de poder, irrespetan la voluntad popular que apoya las opciones ya oficializadas por la autoridad electoral.
