El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó al Congreso de la República un análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2022, el cual asegura, no contiene una adecuada planificación para enfrentar la COVID-19.
Agregó que el proyecto de presupuesto tiene un alto porcentaje de los recursos comprometidos y solo el 14.7% de los egresos podrían ser empleados con cierta flexibilidad y no contiene una adecuada planificación y respuesta presupuestaria a la pandemia del COVID-19 y así ejecutar programas que atiendan de manera oportuna, eficaz y transparente las necesidades cambiantes de la pandemia.
Asimismo, indicó que este proyecto de presupuesto implica un déficit fiscal de 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), superior al promedio de los años previos a la pandemia provocada por el COVID-19, además, se presupuestaron 96 mil 368.5 millones de gastos corrientes financiados con deuda, lo cual aseguran, va en contra de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
“La situación financiera se deterioró en 2020 como resultado del significativo incremento del gasto público y el declive de los ingresos tributarios, debido a la Pandemia COVID-19”, se lee en el análisis realizado por el CIEN, quienes expresan su preocupación de que a mediano plazo bajen las calificaciones del crédito de Guatemala y aumenten los costos de la deuda privada y pública.
Aseguró que, la inversión, como parte del presupuesto total disminuiría desde el 32.2% en el periodo 1996-1999 a 17.6% para el año 2022, en tanto que los gastos de funcionamiento aumentarían de 51.2% a 67.7% en el mismo periodo de tiempo”.
Por tal razón, recomendó al Congreso corregir las deficiencias técnicas del presupuesto, mejorar su transparencia e incluir programas y proyectos que generen valor público y eliminar todo el gasto que sea innecesario o duplique actividades para el logro de resultados.
También sugirió la implementación de un sistema público de rendición de cuentas, centrado en el desempeño y que genere información útil para la toma de decisiones e impulsar una agenda de reformas legales que sustituyan la mala práctica de promover excepciones legales, por medio de la Ley anual del presupuesto.
