El Sector Interreligioso Centinelas se pronunció ante el ataque sistemático a jueces y juezas independientes y aseguran que esto profundiza el debilitamiento del sistema de justicia y perjudica al país en su totalidad y exigió la observación pública de las sesiones de la CSJ por el caso del Juez Pablo Xitumul.
Aseguraron que desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se hostiga, agrede y persigue a jueces y juezas independientes, que les resultan incómodos y a quienes quieren, a toda costa, sacar del camino.
«Ante estas circunstancias, desde el Sector interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado nos sumamos a las voces de las organizaciones sociales que EXIGEN a la Corte Suprema de Justicia que permita la observación pública de las sesiones del pleno en que conocerán el caso del Juez Pablo Xitumul, sobre la base de que el principio de publicidad está reconocido en la Constitución Política de la República, en el Código Procesal Penal, en la ley del Organismo Judicial, en la Ley de Acceso a la Información Pública y la Política de Justicia Abierta», indicaron en un comunicado.
Aseguraron que la deliberación pública, abierta y transparente en el caso contra el Juez Pablo Xitumul abre la posibilidad de garantizar el respeto al debido proceso y constituye un proceso de aprendizaje para la ciudadanía en general, «necesario para seguir potenciando la vigilancia ciudadana a todo nivel».
«El Juez Pablo Xitumul, reconocido porque ha dictado sentencias por casos de corrupción y por crímenes de lesa humanidad, ha tenido que enfrentar acusaciones espurias, amenazas y solicitudes de antejuicio sin fundamento, recursos utilizados como instrumentos de control e intimidación contra juezas y jueces que conocen casos de alto impacto de corrupción e impunidad», explicaron.
Por tal razón, externaron su solidaridad y palabras de ánimo a las y los jueces que han contribuido a la aplicación de justicia de forma imparcial, quienes «lejos de ser
reconocidos y fortalecidas sus capacidades por parte del Estado, han sufrido persecución y criminalización», indicaron.
Agregaron que Guatemala se encuentra en medio de una escalada de precios a la canasta básica y la lucha por la sobrevivencia diaria cada vez más dificil a causa de una pandemia mal administrada. «Vemos con muchisima preocupación cómo nuestro país sigue siendo empujado fuera de cualquier principio democrático, con la influencia de sectores ilícitos en todas las instituciones del Estado, ajustadas a la medida de los intereses de quienes se enriquecen fraudulentamente o que buscan ampararse en la impunidad», puntualizaron.
