Ciudad de Guatemala, 11 ene (EFE).- A tres días de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala se mantiene la tensión política en el país: la Corte de Constitucionalidad (CC) alertó este jueves que la vicepresidenta electa, Karin Herrera, no puede ser arrestada, en medio de rumores de que así lo pretende la Fiscalía, que ordenó de igual forma la detención de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Desde que Arévalo quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones en junio pasado y ganó el balotaje ampliamente y contra todo pronóstico dos meses después, el Ministerio Público (MP) ha buscado con casos judiciales impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta, en lo que ha sido tildado por los afectados como un «intento de golpe de Estado».
«Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar», aseveró este jueves la Corte de Constitucionalidad.
El dictamen del máximo tribunal llegó solo horas después de que la vicepresidenta electa solicitara un amparo legal para evitar su detención, ante fuertes rumores de un próximo arresto en su contra por parte de la Fiscalía.
La detención de la vicepresidenta sería un intento más del Ministerio Público en evitar la investidura de Arévalo desde que en julio pasado empezara una persecución judicial en contra del presidente electo y su partido, Movimiento Semilla.
Ya en septiembre Arévalo había revelado públicamente que la Fiscalía y «otros actores corruptos» llevaban a cabo un «golpe de Estado» en su contra.
Capturas previo a cambio de mando
El Ministerio Público consiguió este jueves la detención del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos Girón, acusado de no cumplir con un dictamen en octubre pasado que ordenaba reprimir y desalojar a manifestantes en las calles durante 2023.
Barrientos Girón fungió como ministro de Interior del actual Gobierno, que preside Alejandro Giammattei, desde enero de 2023 hasta el 16 de octubre de ese año, cuando dimitió.
La renuncia del exministro llegó en medio de inéditas manifestaciones y bloqueos en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, a quien la población señaló de intentar interferir en los resultados de las elecciones.
De igual forma, este mismo jueves, la Fiscalía también solicitó la captura de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizado en los comicios de 2023.
Los magistrados perdieron su inmunidad por decisión del Congreso guatemalteco desde el 30 de noviembre del año pasado y actualmente se encuentran fuera del país.
Aviso desde Estados Unidos
En Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden se mostró este jueves convencido de que Arévalo de León podrá asumir el poder el próximo domingo, pero amenazó con suspender los programas de cooperación con el país centroamericano si esto no sucede.
En una rueda de prensa telefónica, el encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, Brian Nichols, advirtió de que el bloqueo de la investidura de Arévalo sería «una violación» de la Carta Democrática Interamericana.
«Estados Unidos tiene múltiples acuerdos de cooperación y de comercio con Guatemala. Todo esto estaría en riesgo si no hay una transición democrática», declaró.
El secretario adjunto del Departamento de Estado aseguró que las actuaciones del Ministerio Público liderado por la fiscal general, Consuelo Porras, contra miembros del Movimiento Semilla y magistrados electorales «no tienen sustento legal real» y «van a fracasar».
La investidura de Arévalo está programada para las 14:00 hora local (20:00 GMT) del próximo domingo.
