Teniendo en mente el panorama político-institucional que prevalece en Guatemala, existe muy pocas oportunidades para desarrollar un proceso de reforma y modernización del Estado en el corto plazo, pese a que en la práctica, existe un relativo consenso sobre la necesidad de impulsar grandes reformas estructurales que eviten la corrupción, favorezcan la justicia pronta y cumplida, además de que reestructuren el diseño de las instituciones públicas para que sean efectivas en resolver los graves y persistentes problemas que aquejan a Guatemala: la imagen de un país que ha dejado vencer más de siete millones de dosis de vacunas, cuando más de la mitad de la población no ha sido vacunada, es un claro ejemplo de una institucionalidad ineficaz, insensible y poco orientada a resultados.
Si hacemos un repaso de los principales momentos de cambio que hemos vivido como sociedad desde hace más de 70 años, iniciando conceptualmente desde el período de la revolución de 1944 a 1954, la evidencia demostraría que Guatemala está tercamente estancada en un modelo político e institucional inviable, debido a las inercias políticas, sociales, culturales y económicas que hemos sintetizado en el concepto de entorno anómico. En esa realidad compleja, cambiante y volátil que hemos denominado un entorno anómico, es muy difícil afianzar las dinámicas de cambio, por lo que todos los esfuerzos que se han realizado en el pasado, han terminado en rotundos y dolorosos fracasos, tal como hemos argumentado reiteradamente y por diversos medios.
El principal argumento que hemos sostenido, por lo tanto, es que ese entorno anómico es el principal enemigo de cualquier cambio, y mientras no abordemos una estrategia que minimice o reduzca estas inercias perversas, todo cambio y logro alcanzado, puede ser revertido en el transcurso del tiempo, haciendo un eterno movimiento que se parece a la metáfora de Sísifo, tal como diría Albert Camus: “Lo que queda es un destino cuya única salida es fatal” Albert Camus.
Para revertir esta situación poco alentadora, es indispensable tener en mente dos argumentos clave: primero, cuando hablamos de reforma del Estado, en realidad hablamos de no una, sino tres grandes esfuerzos de cambio, diferenciados cada uno, por su temporalidad. La primera reforma es cultural y simbólica, ya que la sociedad se orienta por el ideal del “pilas”, que sostiene y alimenta la corrupción y el abuso de poder. Los cambios culturales tardan décadas. La segunda, y tercera reforma es institucional y administrativa, para fortalecer a la administración pública dotándolas de reglas eficientes y diseños que garanticen la cooperación institucional y eviten la dispersión y la duplicidad de funciones; estos cambios duran de uno a 10 años.
La gran amenaza a los procesos de cambio es primero la gran polarización de la sociedad, y en segundo lugar, los cambios electorales cada cuatro años: cada gobierno no le da continuidad a los esfuerzos positivos que cada gobierno pudo haber tenido, por lo que la sociedad en su conjunto nunca aprende de sus errores.
Segundo, considerando la polarización y la amenaza electoral, el esfuerzo de cambio no puede sustentarse en la sabiduría o fuerza de un solo actor, por muy fuerte que este se considere. Los partidarios de la CICIG en el momento de mayor euforia lo saben perfectamente: pensaban que el actor internacional era imbatible, y esa confianza en su propia fuerza fue su mayor perdición.
Mientras más aislamos los esfuerzos de cambio, intentando cada actor ser el “héroe” que figure en el momento de la transformación, siempre podrá haber una coalición de actores contrarios que puedan revertir cualquier avance. La metáfora del “pacto de corruptos” así lo demostró frente a la otrora todopoderosa CICIG.
El que tenga oídos, que oiga.
