Los abogados Lesther Castellanos y Omar Barrios, quienes han perseguido penalmente a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, hasta lograr una condena en su contra, fueron designados este miércoles como actores corruptos y antidemocráticos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Según dicha designación, Castellanos «socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción (Virginia Laparra) por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal».
Mientras que Barrios, «desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas».
La persecución contra Virginia Laparra inició luego de que la exfiscal denunció al entonces juez de primera instancia en procesos de mayor riesgo en Quetzaltenango, Lesther Castellanos, por filtrar información de un caso que se encontraba bajo reserva al abogado Omar Barrios.
En respuesta a ello, Castellanos denunció a Laparra por abuso de autoridad, delito por el cual fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por una multa de Q10 diarios, por la jueza del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Oly González.
Según la resolución de la jueza González, Laparra como fiscal, no tenía autorización para presentar denuncias porque el acuerdo de creación de la FECI de Quetzaltenango dice que quien estaba al mando era la FECI con sede en la Ciudad de Guatemala, a cargo del exfiscal Juan Francisco Sandoval, y para denunciar a un juez debía tener permiso de su superior. Sin embargo, la abogada de Virginia Laparra, Claudia González, su defendida estaba facultada para presentar denuncias con el fin de proteger la investigación a su cargo. Además, señaló que el jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, había dado la instrucción verbal a Laparra de presentar las denuncias.
Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 y designada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Además, enfrenta otro juicio en Quetzaltenango por el delito de revelación de información confidencial.
