UDEFEGUA: El MP criminaliza a una abogada íntegra por defender a actores incomodos que se encuentran perseguidos

Foto: Alex Valdéz/ elPeriódico

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), manifestó su rechazo ante las acciones del Ministerio Público (MP), por la captura de la abogada Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internación contra la Impunidad (CICIG).

“El MP continúa criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa”, señaló en un comunicado la UDEFEGUA.

Asimismo refirió que, negar el derecho a la legítima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años, lo cual, “pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender derechos humanos”.

La UDEFEGUA manifestó que, “en esta ocasión, se castiga además a una abogada íntegra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la FECI que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros”.

Y es que Santizo, ejercía la defesa técnica de exfiscales de la FECI que el Ministerio Público busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

“El patrón es claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente”, señaló la UDEFEGUA.

Además, destacó que el Ministerio Público aduce la reserva del caso, al mismo tiempo que actores anónimos y radicales en redes sociales filtran la información a la opinión pública, por lo que manifestaron:

Condenamos al MP por este acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso. Coloca en riesgo el ejercicio libre de la profesión jurídica y el derecho de toda persona a defenderse ante un tribunal.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y de seguimiento a la situación exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadanía a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petición como parte de la defensa técnica, puntualizó.