La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó su último ranking en materia de libertad de prensa y expresión en las Américas, durante su 78 Asamblea General en Madrid, España, en el que Guatemala ocupa el puesto 19 de 23, con dos puntos menos que el año anterior, arriba de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se evidenció que en el país existe una alta restricción a la libertad de expresión y prensa.
Guatemala es el único país en esta categoría a punto de llegar a ingresar a los últimos tres puestos en donde no existe la libertad de expresión. La SIP también renovó a su junta directiva, nombrando a José Rubén Zamora miembro de la directiva para el año 2022-2023 estando en prisión política.
Este ranking o Índice de Chapultepec mide el estado de las acciones institucionales en materia de libertades de prensa y expresión, que se basa en los principios de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, adoptadas por la SIP en 1994 y 2018, respectivamente.
Asimismo, estableció que los países con plena libertad de expresión y de prensa son Canadá y Jamaica, mientras que Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan compartiendo los tres últimos lugares, de los cuales Guatemala está a punto de integrar.
Para realizar dicho análisis participaron más de 150 expertos, entre ellos periodistas, directivos de medios, académicos y abogados expertos en libertad de expresión. Además, fueron incorporados nueve datos cuantitativos de violencia e impunidad. Incluye agresiones, homicidios, ataques a medios, datos que se incorporaron a las cifras de desplazamientos forzados.
En el apartado de “Violencia e Impunidad”, Guatemala aparece en color rojo, con 7.12 puntos, solo por debajo de México, que obtuvo 7.71 puntos.
“Existe un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público y del Congreso. Desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente. Cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”, indicó la SIP.
Y agregó que, los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuesto delitos desde el Ministerio Público o por parte de organizaciones como la oficial «Fundación contra el Terrorismo» (FCT), que conducen los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, incluidos recientemente en la Lista Engel de EE.UU., acusados de obstrucción a la Justicia. Y también provienen del actual fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche.
También señaló que durante este periodo se incrementó el uso de netcenters que serían manejados por allegados al gobierno para desacreditar y atacar a periodistas. ,”Los ataques se realizan en las redes sociales a través de información privada de los periodistas o fotos de familiares cercanos y cónyuges. También se intimida a los periodistas publicando fotos en sus perfiles en momentos que están trabajando o haciendo entrevistas”, evidenció la SIP.
“Los funcionarios suelen negarse a brindar información a los periodistas, ya sea evadiendo conferencias de prensa o clasificando información. También se han dado casos de presiones por parte del gobierno contra anunciantes privados para que retiren o disminuyan la publicidad en medios críticos”, puntualizó.
