El año 2022 se caracterizó por una serie de circunstancias que han tenido consecuencias serias en el debilitamiento de instituciones democráticas. Los pilares mismos del modelo Republicano de gobierno, el principio de separación de poderes, el reconocimiento, promoción, respeto y defensa de las libertades fundamentales y sus garantías, han sido sistemáticamente atacadas.
Entre las libertades más perjudicadas lo han sido la libertad de expresión y su baluarte la libertad de prensa, pero de igual forma ha sufrido menoscabo la libertad de acción, la libertad de asociación, a través de la implementación de normatividad a la que puede calificarse de regresiva.
Durante el primer trimestre del año se pudo constatar el marcado interés en algunos asuntos, por parte de la clase política, empresarial y por la sociedad civil organizada. Claro está, las perspectivas y finalidades de cada una eran por completo diferentes. Durante este período, por ejemplo, se inició el proceso y procedimientos para la elección de fiscal general y jefe(a) del Ministerio Público.
Se puede afirmar que esta elección se llevó a cabo cumpliendo formalmente los requerimientos normativos, más, sin embargo, éstos no fueron suficientes para que se realizara un escrutinio apropiado y que, además, motivara la participación de profesionales meritorios que pudieran asumir en mayo el cargo.
Como ha ocurrido en elecciones anteriores, los ataques con argumentos falaces ad hominem fueron una constante. Asimismo, resultaron infructuosas las acciones encaminadas a que postulantes de quienes no se podía presumir su honorabilidad, no continuaran en el proceso.
Algo parecido se puede afirmar ha ocurrido en el caso de la designación por parte del Congreso de la República, de quien debía ocupar en agosto el cargo de procurador de los derechos humanos. Se pudo atestiguar, a través de los medios de comunicación, como la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, trato de dar un cariz de legalidad y legitimidad al proceso de elección, el cual, por decirlo de algún modo, fue incluso más laxo que aquel para fiscal general.
Estos procesos de elección de segundo nivel, ya sea estén a cargo del Organismo Ejecutivo, el Organismo Legislativo o algún ente colegiado en particular, se caracterizan por dar la apariencia de legalidad a través del cumplimiento formal de las disposiciones contenidas en la normativa aplicable al caso concreto, por ejemplo, entre otras, la Ley de Comisiones de Postulación. Sin embargo, esto ni por asomo garantiza se pueda contar con personas idóneas que integren la nómina a trasladar a quien deba elegir. Esto ocurre, entre otros motivos, por el desencanto de las personas con capacidad e idoneidad a participar en dichos eventos y por otro lado por los ataques espurios a que se ven sometidos tanto, los electores (por ejemplo, comisionados de postulación) como los postulantes mismos.
Otra circunstancia que ha llamado la atención durante el presente año, lo es, sin duda, la merma en la posibilidad de que subsista la independencia judicial, mucho menos la tutela judicial efectiva. A esto se debe agregar los ataques inescrupulosos en contra de profesionales del derecho que ejercen la defensa técnica. Ello implica menoscabo directo a la libertad con que deben poder ejercer los profesionales de la abogacía.
Agrava la circunstancia descrita el hecho de utilizar, de manera frívola, la denuncia penal en contra de personas que resultan incómodas para el estatus cubo. En este contexto, no resulta extraño la copia de modelos propios de Estados totalitarios, en los que la censura y la restricción total a la libertad de expresión es el sino distintivo. Es así que, cada vez más pareciera aproximarse el Estado de Guatemala a modelos como los de países de izquierda extrema como China o Corea del Norte.
Tampoco el ámbito de elecciones directas parece ofrecer alternativas. No existen liderazgos que logren aglutinar las preferencias de un electorado, por lo demás, cada vez más escéptico. En este ámbito, las viejas prácticas populistas, parecen ser la esencia misma del proselitismo guatemalteco. A esto se aúnan los cuestionamientos sobre el trabajo que debe desempeñar el Tribunal Supremo Electoral, una de las instituciones públicas que otrora tenía el mayor prestigio en la sociedad guatemalteca.
La politización de la justicia y la judicialización de la política están a la orden del día. Se habla de ideologías, cuando lo que debería prevalecer es la exposición y discusión de argumentos, debidamente sustentados de forma objetiva. En el contexto jurisdiccional, solo debería invocarse la normatividad y jurisprudencia pertinentes.
También en lo administrativo, el respeto irrestricto a la Constitución y las demás leyes vigentes, resulta imprescindible. No debería continuar la gestión estatal por los derroteros populistas que tratan de tergiversar la información y de realizar ejercicios de interpretación de la ley, verdaderamente absurdos.
La pandemia dejo al descubierto las precariedades tercermundistas del sistema de salud pública. Los profesionales de la medicina, por mutuo propio, son las heroínas y los héroes que se han enfrentado a las adversidades sanitarias, sin contar con los apoyos gubernamentales necesarios y más básicos.
Las inclemencias climáticas también han demostrado la escaza capacidad de previsión y planificación, en un país sujeto a los vaivenes de temporales, movimientos telúricos, deslizamientos de tierras, socavamientos, entre otros. Las paupérrimas condiciones de la red vial también han quedado al descubierto, tramos carreteros como el que conduce a Huehuetenango o hacia la costa sur, constituyen un reto a la seguridad vial.
Como corolario, las acciones constitucionales se han utilizado en desmedro de los habitantes del país, como queda patente con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad respecto al Comité Olímpico Guatemalteco y que han repercutido para sacar, de las competiciones internacionales, a Guatemala y sus atletas.
La síntesis de este año, que aún no concluye, es de un sistema de justicia debilitado y sometido. Un poder judicial que pareciera ser más un ente encargado de afectar y minimizar el ejercicio de las libertades humanas, que ser precursor de la justicia. Un poder legislativo que emite legislación que poco o nada tiene que ver con el bien común, aunque sus iniciativas y leyes comúnmente buscan favorecer, únicamente, a unos pocos. Y un poder ejecutivo que más parece obedecer a caprichos anárquicos y espurios, que representar los intereses estatales y la unidad nacional.
